El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado las divergencias existentes entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía. Según Bolaños, esta discrepancia es compartida por todas las partes personadas en el procedimiento, a excepción de Vox. El ministro ha hecho hincapié en que, como Estado de Derecho, cuando se discrepa con una resolución judicial, la vía adecuada es presentar los recursos correspondientes.
Bolaños ha recordado que, en su momento, el Gobierno expresó su desacuerdo tanto con los argumentos jurídicos como con las valoraciones políticas realizadas por el Tribunal Supremo en su resolución sobre la inaplicación de la Ley de Amnistía. Además, ha señalado que han hecho partícipes de esta discrepancia a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, y confía en que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo acoja los «argumentos jurídicos muy potentes» a favor de la aplicación de una ley que, a su juicio, tiene una «claridad meridiana» en cuanto a su propósito y letra.
La Cuestión de la Orden de Detención de Puigdemont
El ministro ha diferenciado esta discrepancia con el Tribunal Supremo de la polémica surgida por el incumplimiento de la orden judicial para la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont durante su asistencia a la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En este caso, Bolaños ha señalado que «sin ninguna duda esa orden de detención hay que aplicarla» y que el Ministerio del Interior responderá a la petición de información realizada por el Tribunal Supremo.
Bolaños ha enfatizado que el operativo para garantizar la normalidad del debate de investidura de Salvador Illa y la ejecución de la orden de detención de Puigdemont era responsabilidad de los Mossos de Escuadra, ya que tanto España como Bélgica, donde se encuentra Puigdemont, son espacios Schengen y, por lo tanto, existe libertad de circulación entre ambos países sin control fronterizo.
La Búsqueda de una Resolución
En resumen, el Gobierno mantiene su discrepancia con la interpretación del Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía, argumentando que la ley tiene un «propósito y letra» claros. Bolaños ha instado a esperar la resolución de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, confiando en que se acojan los sólidos argumentos jurídicos del Gobierno. Por otro lado, en el caso de la orden de detención de Puigdemont, el ministro ha reafirmado la necesidad de su cumplimiento, remarcando que el operativo correspondía a los Mossos de Escuadra.
