A medida que Glovo y Uber Eats han hecho un esfuerzo real para enfrentar las cuentas ilegales de usuarios que no cumplen con las exigencias mínimas de la plataforma, muchos de ellos incluso indocumentados. Esto ha hecho que poco a poco el porcentaje de facturación exigido por los dueños de las cuentas a quienes las alquilan haya ido subiendo poco a poco en los últimos meses. Es un «impuesto a la ilegalidad», es decir, una inflación paralela que aumenta a medida que aumenta la presión legal sobre algunas actividades fuera de la ley.
En cualquier caso, desde Glovo y Uber Eats no se plantean reducir la presión sobre estas cuentas. Si bien ambas incluyen opciones para subarrendar la cuenta, en los dos casos se incluye la exigencia de que tanto el trabajador que estará en la bici cargando con la mochila como el dueño de la cuenta estén dados de alta como autónomos, lo que evidentemente requiere que ambos tengan sus documentos en regla. El problema es que son muchos los migrantes recién llegados que solo consiguen este tipo de opciones para trabajar, y muchos los que lo aprovechan.
En el último año, el costo de alquilar una cuenta ha pasado de alrededor del 20% de la facturación durante el turno de trabajo y ha superado el 30%, es decir, una tercera parte del ingreso de los repartidores. A esto se suma que los repartidores que no funcionan directamente como autónomos, sino que tienen una cuenta alquilada de forma ilegal, trabajan con base en el horario que pide personalmente el dueño de la cuenta. Lo que se traduce en verse obligados a trabajar en momentos de ola de calor, de lluvia o bien en largas horas de la madrugada. Es una realidad que es complicada de separar del día a día de los trabajadores.
Para las plataformas esta situación no solo se traduce en un problema reputacional, sino que es un motivo más para preocuparse de cara a la ley rider. Lo cierto es que ya hay denuncias hechas alrededor de repartidores indocumentados, lo que se traduce en una situación complicada para las empresas que tienen que explicar las medidas tomadas para evitar estas situaciones, y en las inspecciones de trabajo que se han traducido en sanciones para ambas plataformas.
LOS REPARTIDORES ASUMEN QUE ESTAS CUENTAS SON NECESARIAS PARA QUE GLOVO Y UBER EATS FUNCIONEN
La otra pieza importante del rompecabezas es que los propios repartidores consideran que para que funcionen las plataformas. Según estos repartidores, ni Glovo ni Uber Eats pueden mantener lo que consideran una pieza clave del éxito de las mismas entre el público, la inmediatez de las entregas. Por tanto, reducir la cantidad de repartidores y hacer que las entregas sean más lentas puede ser un problema peor que cualquiera de las sanciones que deben enfrentar por ignorar la ley rider en los últimos años.
Al mismo tiempo, incluso a pesar de sus dificultades, hay al menos una plataforma de reparto que evita este tipo de problemas. Just Eat tiene años, incluso antes de la aprobación de la ley rider, contratando a su flota. Es una decisión parecida a la que han tomado las empresas de VTC en una situación similar, y aunque se trata de una situación delicada, y desde la plataforma se ha señalado a los competidores por qué al funcionar con autónomos se ahorran una parte del gasto que ellos mismos asumen, han demostrado que se puede funcionar en este sector contratando a los repartidores.
UNA OPCIÓN DE TRABAJO PARA LOS MIGRANTES RECIÉN LLEGADOS
La otra realidad es que tomar medidas contra este tipo de alquiler puede dejar a muchos migrantes recién llegados sin una opción de sustento. Sumado a la entrada permanente de refugiados de países de África, la esperada llegada de una nueva camada de migrantes desde Venezuela si el régimen de Maduro consigue afincarse en el poder, lo cierto es que cortar una de las pocas fuentes de trabajo que pueden asumir con solo llegar puede ser un problema mayor que las sanciones que asumen de momento Glovo y Uber Eats.
De todos modos, la realidad es que para Glovo y Uber Eats sigue siendo casi imposible controlar esta situación. Fotos en momentos aleatorios y la obligación de mantener la cuenta siempre en el mismo teléfono no ha servido para evitar el alquiler ilegal de cuentas, y los repartidores mantienen un mercado paralelo de insumos de trabajo, mochilas, bicicletas y demás para poder trabajar. Lo cierto es que para ellos es una necesidad y es complicado de enfrentar lo que para otros es un problema legal cuando hay personas en el camino.
