La reaparición del expresidente catalán Carles Puigdemont ha generado gran revuelo en el panorama político español. El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha elogiado la acción de Puigdemont, calificándola de «admirable» y afirmando que el expresidente hizo honor a su palabra al regresar del exilio para la investidura, pero sin dejarse detener.
Comín ha criticado duramente a los Mossos d’Esquadra y a la Conselleria de Interior del Gobierno catalán liderado por ERC, acusándolos de «ponerse al servicio de unos jueces prevaricadores» y de «colaborar con el golpe de Estado del Tribunal Supremo contra la voluntad democrática del Congreso». También ha calificado a los Mossos de «cómplices de un juez que ha dictado una orden de detención que desde la aprobación de la Ley de Amnistía es más ilegal que nunca».
Puigdemont: Regreso estratégico y desafío a la justicia
Según Comín, el regreso de Puigdemont al Parque de la Ciutadella «no habría sido un intento de acceder al Parlament, sino una entrega consciente y deliberada, justo aquello que Puigdemont había dicho que no haría». El eurodiputado ha argumentado que la acción de Puigdemont fue un acto de honestidad y coherencia, ya que el expresidente «se limitó a hacer aquello que dijo que haría: volver del exilio para la investidura pero no dejarse detener».
La reaparición de Puigdemont en el Arco del Triunfo de Barcelona ha sido descrita por Comín como «ciertamente admirable», y ha resaltado que el expresidente mantuvo su palabra a pesar de las consecuencias legales que podría enfrentar.
Consecuencias políticas y jurídicas
El desafío de Puigdemont a la justicia española ha generado una gran controversia y ha puesto en evidencia las tensiones entre el Gobierno catalán y el Gobierno central. Comín ha cuestionado duramente la actuación de los Mossos d’Esquadra y de la Conselleria de Interior, acusándolos de ser cómplices de un sistema judicial que, a su juicio, actúa de manera ilegal.
La reaparición de Puigdemont y las declaraciones de Comín evidencian la persistencia de las discrepancias políticas y jurídicas entre el independentismo catalán y el Gobierno español. Este episodio podría tener importantes consecuencias en el futuro desarrollo del conflicto y en las relaciones entre ambas partes.
