La noticia de la suspensión indefinida de las operaciones siderúrgicas de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), filial de la empresa minera chilena CAP, ha sacudido los mercados y la economía regional.
La decisión se fundamenta en la incapacidad de CSH para traspasar a los precios las sobretasas impuestas por la Comisión Antidistorsiones a ciertos productos de acero provenientes de China. Esto ha hecho que el negocio siderúrgico se torne económicamente inviable para la empresa en su forma actual.
El Impacto Económico de la Suspensión
La suspensión de actividades tendrá un fuerte impacto económico tanto para CAP como para la región del Bío Bío. Se espera que el efecto en caja para CAP oscile entre 120 y 140 millones de dólares en pérdidas en los próximos 12 meses, mientras que el impacto contable se situaría entre 320 y 350 millones de dólares.
Por otro lado, la decisión permitirá una mejora en los resultados futuros consolidados del Grupo CAP, considerando las cuantiosas pérdidas históricas de CSH, que ascendieron a 122 millones y 385,5 millones de dólares en 2022 y 2023 respectivamente.
La Reacción del Gobierno y los Sindicatos
El ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Nicolás Grau, ha calificado la decisión de CAP como «lamentable» y «muy devastadora» para la región del Bío Bío, apuntando a la «acción irresponsable» de la empresa, que no ha tenido un compromiso social y cuya decisión tendrá una «implicación desastrosa» para miles de empleos.
El Gobierno y los sindicatos han expresado su intención de hacer todos los esfuerzos posibles por revertir esta decisión, llamando a las empresas a sentarse a conversar y resolver el problema. Según el ministro, se deben aprovechar las «condiciones muy favorables» que el país ha creado para el desarrollo de estas empresas.
La suspensión de actividades siderúrgicas de CAP en Huachipato ha generado una enorme incertidumbre en la región del Bío Bío, tanto a nivel económico como social. Mientras que la empresa busca mejorar sus resultados a nivel consolidado, el Gobierno y los sindicatos insisten en la necesidad de encontrar una solución que proteja los empleos y el desarrollo de la zona.
