En los últimos años, la industria de los festivales de música al aire libre ha experimentado un crecimiento exponencial en España, convirtiéndose en un fenómeno cultural y de ocio de gran relevancia. Sin embargo, esta expansión también ha traído consigo una serie de preocupantes denuncias por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en relación a las malas prácticas detectadas en algunos de estos eventos.
La OCU, en su papel de defensora de los derechos de los consumidores, ha interpuesto denuncias ante las autoridades competentes en diversas comunidades autónomas, exponiendo una serie de abusos que podrían afectar a casi un millón de asistentes a estos festivales.
Comisiones y Devoluciones Abusivas
Uno de los principales focos de preocupación de la OCU es el cobro de comisiones por parte de los organizadores de los festivales para la recuperación del saldo restante en las tarjetas «cashless», un sistema de pago obligatorio que, según la organización, limita el derecho de los asistentes a utilizar efectivo. Estas comisiones, que oscilan entre 2 y 3 euros, son consideradas por la OCU como una práctica abusiva.
Asimismo, la OCU señala que en algunos casos, los festivales imponen plazos muy cortos para reclamar la devolución de esos saldos restantes, perdiendo los asistentes el dinero una vez superado dicho plazo, lo que la organización califica como un «enriquecimiento injusto» por parte de los promotores.
Restricciones y Cobros Adicionales
Otra de las malas prácticas denunciadas por la OCU es el cobro de tasas por salir y volver a entrar al festival, lo que puede llegar a alcanzar los 25 euros, y que la organización considera una «retención ilegal». Además, la prohibición de entrar con alimentos y bebidas también es señalada como una práctica abusiva.
Asimismo, la OCU critica el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB, donde el vaso alcanza los 2,5 euros, o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, como se ha observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, la organización recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita, ya que la falta de estos puede causar problemas de hidratación y suponer un peligroso riesgo de aglomeraciones.
Llamado a la Acción y Regulación Homogénea
Ante esta situación, la OCU ha animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones y ha instado a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos a que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a las empresas a devolver los cargos indebidamente cobrados.
Además, la organización considera que lo ideal sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Lamentablemente, la OCU agrava que, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es «permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores«, lo que dificulta aún más la protección de los derechos de los consumidores.
