La justicia aragonesa ha dado un golpe contundente contra la supuesta impunidad que reinaba en el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, donde cinco trabajadores, entre ellos el director, fueron detenidos y enviados a prisión provisional por presuntos delitos de torturas, lesiones, agresiones sexuales y pertenencia a grupo criminal.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha decretado la prisión sin fianza tras la declaración de los detenidos, quienes enfrentan cargos que podrían condenarlos a penas de prisión considerables.
El escándalo ha conmocionado a la sociedad aragonesa, y las autoridades han actuado con rapidez para garantizar la seguridad de los menores que residían en el centro. La investigación se inició tras la denuncia de los padres de un adolescente de 16 años y una joven de 17 años, quienes relataron un escenario de terror que incluía maltrato físico y psicológico, así como abusos sexuales.
La Presunta Culpabilidad del Director y la Red de Abusos
Iván R. M., el director del CAM de Ateca, es uno de los principales implicados en este caso, acusado de permitir y proteger a los otros detenidos, quienes presuntamente perpetraron los abusos contra los menores.
Según la investigación, el director mostró una «despreocupación absoluta» ante las denuncias de maltrato y no tomó medidas para proteger a los menores, a pesar de las advertencias del personal del centro. Incluso, se presume que «protegía laboralmente a los restantes detenidos», evitando cualquier tipo de sanción a pesar de las pruebas de sus actos.
Además, se investiga si el director manipuló pruebas, al solicitar a un enfermero del centro que elaborara un informe falso sobre el estado de salud de uno de los menores denunciantes. Esta acción, según la instructora, representa un «incumplimiento manifiesto de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores», por lo que se le considera cooperador necesario en los presuntos delitos cometidos contra la integridad moral de los menores.
Las declaraciones de los dos menores denunciantes, un chico y una chica, describen un panorama de torturas y tratos degradantes perpetrados por los cuatro educadores y auxiliares detenidos: Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A. Estos últimos enfrentan además cargos por agresión sexual a una menor.
Las víctimas relatan cómo fueron obligados a soportar castigos crueles, como permanecer de pie durante horas, sin comida ni posibilidad de asearse. La menor denunciante habla de bofetadas, empujones, contenciones desproporcionadas y quemaduras de cigarrillos, todo ello acompañado de insultos y amenazas.
El Cierre del Centro y el Futuro de los Menores
La gravedad de los hechos ha llevado a la jueza a decretar el cierre provisional del CAM de Ateca, hasta que se esclarezcan totalmente las circunstancias de los abusos. Se ha iniciado un proceso de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, y se evalúa la posibilidad de extenderlo a otros nueve menores que se fugaron del centro.
La investigación judicial continúa con la búsqueda de los menores fugados para determinar si han sido víctimas de los abusos y si su fuga guarda relación con los hechos. La Guardia Civil se encuentra investigando el caso, recopilando pruebas y buscando más testimonios que permitan comprender la magnitud de la tragedia y asegurar que los responsables sean castigados por sus actos.
Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los menores que se encuentran bajo la custodia de instituciones de protección, y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia para evitar la impunidad de los abusos. La sociedad aragonesa espera un juicio justo y una respuesta contundente a este caso, que ha conmocionado a la región.
