Vox acusa a Sánchez de usar «abusiva y arbitrariamente» la Abogacía del Estado con su querella contra el juez Peinado

En un giro inesperado de eventos, el partido político Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar de manera «abusiva, espuria y arbitraria» los recursos de la Abogacía del Estado.

Vox considera que Sánchez ha desviado los fines de la Abogacía del Estado para atender a sus «propias y personales finalidades», lo que constituiría presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La Denuncia de Vox: Uso Indebido de la Abogacía del Estado

Vox señala que Sánchez ha utilizado su posición privilegiada como presidente para disponer de los recursos y prerrogativas de la Abogacía del Estado con el objetivo de presentar una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la esposa del mandatario, Begoña Gómez. El partido considera que esta acción judicial constituye una «injerencia en el poder judicial» y representa un ataque inaceptable a nuestro sistema de derecho.

La Acusación de Prevaricación y Malversación

Según Vox, tanto Sánchez como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas, habrían incurrido en delitos de prevaricación administrativa y malversación. La formación política asegura que los querellados han utilizado los recursos de la Abogacía del Estado «en beneficio personal» del presidente y de su esposa, desviándolos de su finalidad legítima.

Solicitud de Documentación y Acción del Tribunal Supremo

Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que requiera una amplia gama de documentación al Ministerio de Bolaños y a la Abogacía del Estado, incluyendo borradores de informes, correos electrónicos y grabaciones de reuniones de trabajo.

Además, han pedido que se desglose el costo de los recursos empleados en la acción judicial emprendida. El partido espera que el TS tome las medidas necesarias para investigar a fondo estas presuntas irregularidades y determine si efectivamente se han cometido delitos por parte de los altos cargos del Gobierno.