La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha convocado a su Comité Ejecutivo para este miércoles, con el objetivo de analizar si dan el visto bueno a un posible acuerdo de pensiones con el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.
Este movimiento se produce después de la reunión celebrada ayer entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales, en la que, según el Departamento de Elma Saiz, las posturas de las partes se acercaron «considerablemente».
De hecho, desde UGT se avanzaba ayer, tras la reunión, que podría alcanzarse un principio de acuerdo sobre las distintas materias en negociación en las próximas 24 o 48 horas, dependiendo de los textos finales. Fuentes sindicales han subrayado este mismo martes que aún se están intercambiando documentos y manteniendo contactos para intentar llegar a dicho principio de acuerdo.
REFORMAS CLAVE EN EL SISTEMA DE PENSIONES
En esta mesa de negociación, se están discutiendo temas clave como la reforma de la jubilación parcial, la compatibilidad entre pensión y trabajo, la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social en las bajas derivadas de lesiones traumatológicas y el establecimiento de los coeficientes reductores en actividades penosas para el anticipo de la jubilación.
Respecto a la jubilación parcial, la última propuesta del Gobierno ha descartado aumentar a 34 años el requisito de acceso, manteniendo los 33 años actuales. Además, se ha propuesto ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad de anticipo en la jubilación parcial. Por otro lado, se ha trasladado la mejora de las condiciones de trabajo del relevista y un nuevo planteamiento más equilibrado y flexible para la empresa de la jornada de trabajo del relevista y del pensionista.
En cuanto a las mutuas, el objetivo es establecer un marco de regulación para patologías de carácter traumatológico que lleve a los trabajadores a tener un acceso a la sanidad más temprana allí donde existen unas largas listas de espera, siempre con el consentimiento previo por parte del paciente, y con la tutela del Servicio Público de Salud a través del médico de cabecera, tanto para las altas y las bajas del procedimiento.
INCENTIVOS PARA RETRASAR LA JUBILACIÓN
Uno de los puntos clave de las negociaciones es la posibilidad de que aquellos que demoren la jubilación voluntariamente más allá de la edad legal ordinaria puedan recibir los incentivos actuales cada seis meses a partir del segundo año de demora.
La actual reforma de pensiones introdujo dos incentivos para animar a retrasar el retiro, que consisten en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se retrase la jubilación más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado, por cada año que se cotice de más, que se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente retrasar su jubilación.
Además, el Ministerio también ha planteado a los agentes sociales un nuevo marco legal para compatibilizar trabajo y pensión «con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación», con la idea de que esta situación pueda ser «más gradual y adaptada a las circunstancias de cada trabajador».
Para ello, se propone un nuevo esquema «más flexible» de la llamada jubilación activa, la que permite compatibilizar pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación, de forma que con cada año de demora de la jubilación, el porcentaje de compatibilidad con la pensión sea mayor, siendo además compatible con el incentivo de demora, algo que ahora no es posible.
La regulación actual de la jubilación activa no permite percibir el 100% de la pensión salvo si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La reforma que proponía el Gobierno eliminaba esta singularidad por contratación de un asalariado.
Además, la norma actual señala que la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe reconocido inicialmente, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. Con la reforma que ahora plantea el Gobierno, esta modalidad de jubilación flexible desaparecería al quedar cubierta por el nuevo marco de compatibilidades.
