La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) instó al Ministerio de Hacienda durante el segundo trimestre a iniciar un diálogo con todas las Administraciones para la elaboración de un plan estructural fiscal de medio plazo, ante la reactivación de las reglas fiscales europeas.
Sin embargo, el Ministerio se apartó de esta recomendación, argumentando que faltaban aspectos imprescindibles para configurar dicho plan, como las previsiones de primavera y las recomendaciones específicas de país marcadas por Bruselas.
La AIREF, por su parte, considera que la elaboración del plan fiscal estructural requiere del diálogo y la colaboración de todas las Administraciones, y considera aconsejable sentar las bases para este diálogo cuanto antes, con el fin de iniciar los trabajos y clarificar las reglas fiscales aplicables en 2024.
Recomendaciones Formuladas en el Segundo Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2024, la AIREF formuló un total de 4 recomendaciones, de las cuales 2 eran nuevas y 2 estaban consideradas como recomendaciones «vivas». Estas recomendaciones se dirigieron a diferentes Administraciones Públicas, incluyendo 3 al Ministerio de Hacienda, 2 al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 17 a cada una de las Comunidades Autónomas y 10 a Corporaciones Locales.
Corregir el Crecimiento del Gasto
Una de las recomendaciones clave de la AIREF fue instar a todas las Administraciones a vigilar la ejecución de sus presupuestos y adoptar las medidas necesarias para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto, con el fin de evitar el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo.
A nivel central, el Ministerio de Hacienda manifestó su compromiso con una ejecución controlada del presupuesto y el Gobierno con la estabilidad presupuestaria. En el ámbito autonómico, la mayoría de las Comunidades se comprometieron a cumplir la recomendación, a excepción de Canarias y la Comunidad Foral de Navarra. Sin embargo, la AIREF continúa apreciando riesgo de incumplimiento en la Administración Central y todas las Comunidades Autónomas, por lo que mantendrá un seguimiento cercano de su cumplimiento.
En el ámbito local, solo la Diputación Provincial de Barcelona y el Cabildo Insular de Tenerife no se comprometieron explícitamente a cumplir esta recomendación.
