Casi 84 años después de su ejecución, el Estado español ha reconocido formalmente que Lluís Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, fue víctima de un proceso judicial «ilegal e ilegítimo» cuando fue condenado y fusilado. Este reconocimiento histórico llega tras años de reclamos de la Generalitat y de la familia de Companys para que se rehabilitara su memoria y se resarciera la injusticia cometida.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que, por primera vez, el Estado ha declarado que la condena a Companys fue «injusta» y que tanto el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgaron fueron «ilegales e ilegítimos». Esto significa que, finalmente, se reconoce que Companys fue represaliado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat, así como por sus ideas políticas, ideológicas y de conciencia.
UN RECONOCIMIENTO HISTÓRICO Y SIMBÓLICO
El reconocimiento del Estado llega después de dos intentos previos por parte de la Generalitat para obtener una declaración que reivindicara la figura de Companys. En 2009, se logró una primera declaración que reconocía que había sido «injustamente condenado a muerte por un consejo de guerra» y que había sufrido violencia por razones políticas e ideológicas.
Sin embargo, el Govern consideraba que esta declaración era insuficiente para conseguir la plena restauración de su honor.
En 2018, la Generalitat presentó una nueva solicitud que buscaba complementar la declaración anterior. Ahora, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha emitido una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal que va más allá, al afirmar que la condena a Companys fue «por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT.
También por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la Presidencia de la Generalitat».
Este reconocimiento simbólico es un paso importante para reivindicar la figura de Lluís Companys y para cerrar una herida histórica que ha permanecido abierta durante décadas. Si bien no implica una reparación económica o legal, sí tiene un significado profundo para la memoria colectiva y para honrar la figura de un presidente de la Generalitat que fue víctima de la represión.
UNA DEUDA HISTÓRICA CON LA MEMORIA DE COMPANYS
La declaración del Estado llega casi 84 años después de la ejecución de Lluís Companys, lo que evidencia la deuda histórica que se tenía con su memoria. Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940 por el régimen franquista, después de haber sido detenido en Francia y entregado a las autoridades españolas.
Durante décadas, la familia de Companys y diversas organizaciones catalanas han luchado por reivindicar su figura y obtener el reconocimiento de que su condena y ejecución fueron injustas y fruto de la represión política. Este nuevo reconocimiento del Estado es, sin duda, un hito importante en ese proceso de recuperación de la memoria histórica y de reparación simbólica a una de las figuras más relevantes de la historia de Cataluña.
Más allá del significado simbólico, este reconocimiento también tiene implicaciones jurídicas, ya que declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que condenaron a Companys. Esto podría abrir la puerta a futuras reclamaciones de la familia o de organizaciones catalanas para obtener una reparación económica o legal por los daños sufridos.
En resumen, el reconocimiento del Estado a la injusticia cometida contra Lluís Companys es un paso fundamental para cerrar una herida histórica y para honrar la memoria de un presidente de la Generalitat que fue víctima de la represión política. Si bien tardío, este gesto tiene un significado profundo para la sociedad catalana y para la preservación de la memoria democrática.
