La salud mental es un tema de creciente preocupación en nuestra sociedad, especialmente después de los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19. Según el informe «La situación de la Salud Mental en España: 2023», elaborado por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, un 74,7 por ciento de la población considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado.
Este informe, junto con el «Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2023″ de Salud Mental España, ponen de manifiesto las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental, así como la necesidad de intervenciones públicas orientadas a mejorar su bienestar y calidad de vida.
La Garantía Pública en Salud Mental
La Confederación Salud Mental España enfatiza que los servicios garantizados en el Estado de bienestar no solo deben proveer una atención de calidad a todas las personas con problemas de salud mental, sino que también deben articular cauces eficaces para prevenir su proliferación. Resulta fundamental la garantía pública, adecuándose las medidas a la realidad social vigente, post pandemia generada por el COVID-19, y a los retos que plantean la demografía, el clima y el mundo digital.
Además, se destaca la importancia de atender a los colectivos especialmente vulnerables, como los y las jóvenes, las mujeres, las personas de clase baja y media-baja, el colectivo LGTBIQ+, las personas con dificultad para llegar a fin de mes, las personas con incapacidad laboral y las personas que consumen drogas.
Estas poblaciones requieren de medidas de carácter preventivo y asistencial, tanto desde una perspectiva sanitaria y psicoeducativa, como desde una perspectiva social y económica.
La Accesibilidad Psicosocial, Clave para la Inclusión
Salud Mental España acuña el término «accesibilidad psicosocial» para referirse a la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental.
Esto implica la eliminación de barreras actitudinales, contextuales, administrativas, sistémicas y simbólicas, que son alzadas por el estigma, los prejuicios y el desconocimiento.
Para lograr esta accesibilidad psicosocial, la organización insta a un flujo ágil de políticas públicas, que involucre no solo a los servicios públicos, sino también a otras estructuras territoriales y sociales, como son las entidades del tercer sector. Además, se propone que tanto en el ámbito privado como en el público, la tarea se haga bajo parámetros de calidad acreditables y desde la promoción de la metodología del apoyo de pares.
Hacia una Sociedad Inclusiva y Respetuosa de los Derechos
En última instancia, el informe enfatiza que la salud mental es la defensa de los derechos. Salud Mental España reivindica la puesta en marcha de mecanismos y apoyos que garanticen la autonomía y la libertad de todas las personas, sin que exista una legislación especial para quienes transitan un trastorno mental.
La organización subraya la importancia de que todas las personas participen de la conversación sobre salud mental, lo que implica una vida integrada en la sociedad, desde su convivencia familiar, las relaciones sociales normalizadas, el acceso al empleo y a una formación. En definitiva, se trata de lograr una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, donde la cooperación entre los diferentes agentes sociales sea vital para alcanzar este objetivo.
