La Comunidad Autónoma ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la «inactividad» del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), por no convocar la Conferencia de Presidentes según lo establecido en la normativa vigente.
Este movimiento legislativo refleja una creciente tensión entre el Gobierno central y los Ejecutivos regionales en torno a los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional. La Comunidad Autónoma argumenta que Sánchez ha incumplido su «obligación legal» de convocar este órgano de diálogo y concertación entre las diferentes administraciones públicas al menos dos veces durante el año 2023.
La Conferencia de Presidentes, Piedra Angular del Sistema Autonómico
La Conferencia de Presidentes constituye un espacio clave para la gobernanza multinivel en España. Este órgano, regulado por la ley, tiene como función principal facilitar la coordinación y el intercambio de información entre el Gobierno central y los Ejecutivos regionales sobre asuntos de interés común. Su convocatoria periódica es vista como un pilar fundamental del Estado autonómico.
Sin embargo, según la Comunidad Autónoma, la inactividad del presidente del Gobierno ha privado a este mecanismo de su función esencial durante el último año. Esto habría dificultado la toma de decisiones conjunta y la búsqueda de soluciones compartidas a los desafíos que afrontan las distintas administraciones. La recurrencia a la vía judicial busca, por tanto, restablecer el adecuado funcionamiento de este órgano de concertación política.
Las Comunidades Autónomas Reclaman Mayor Protagonismo
La decisión de la Comunidad Autónoma de acudir a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes refleja un creciente malestar entre los Ejecutivos regionales por su percepción de marginalización en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional.
Diversas comunidades y ciudades autónomas han manifestado su disconformidad con el escaso diálogo y la falta de mecanismos efectivos de coordinación con el Gobierno central. Esta situación habría generado frustración entre los líderes autonómicos, quienes reclaman un papel más protagonista en la definición de las políticas públicas con impacto territorial.
El recurso presentado por la Comunidad Autónoma busca, en última instancia, fortalecer el principio de lealtad institucional y reequilibrar las relaciones de poder entre los diferentes niveles de gobierno en España. La resolución de este conflicto podría tener importantes implicaciones para la gobernanza del país y el funcionamiento del sistema autonómico.
