La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por dos procedimientos de infracción diferentes relacionados con la normativa nacional sobre planes de pensiones.
El primero de ellos tiene que ver con la prohibición impuesta por España de cotizar a planes de pensiones de empleo y personales por encima de los importes máximos deducibles a efectos fiscales, lo que podría entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios y capitales y el derecho de establecimiento.
Bruselas advierte que el hecho de que España permita las transferencias individuales nacionales pero no transfronterizas de derechos de pensión en regímenes complementarios también puede ser contrario a las libertades del mercado interior.
Incumplimiento del Reglamento sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Personales
Además, la Comisión ha abierto a España otro procedimiento por no haber notificado las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales, un plan de ahorro personal voluntario que ofrece a los consumidores una opción complementaria más competitiva.
Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario, que a falta de una respuesta satisfactoria, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Impacto en el Mercado Laboral y de Capitales
Estas infracciones podrían tener un impacto significativo en el mercado laboral y de capitales de España, al limitar la libre circulación de trabajadores y la movilidad de los ahorros para la jubilación. Además, el incumplimiento del reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales podría privar a los consumidores españoles de acceder a una opción de ahorro más competitiva y diversificar sus inversiones para la jubilación.
Es crucial que España tome medidas urgentes para resolver estos problemas y evitar sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía y los ciudadanos españoles.
