La Comisión Europea ha tomado medidas contundentes contra España al abrir dos procesos sancionadores distintos por el incumplimiento de la transposición de directivas europeas relacionadas con el sector bancario. En un comunicado emitido este jueves, el organismo comunitario ha dado un ultimátum de dos meses a las autoridades españolas para subsanar las deficiencias señaladas.
El primer proceso se refiere a la falta de incorporación completa de las modificaciones de la directiva sobre rescate y resolución bancarios, que establecen requisitos cruciales para garantizar la estabilidad del sistema financiero, como el tratamiento prudencial de las entidades sistémicamente importantes y la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de los grupos bancarios.
La Comisión Europea considera que, sin la transposición de estas medidas técnicas, no se alcanzará el nivel de armonización necesario en el marco unificado de la UE para el sector bancario.
Implementación Incompleta de Normativa sobre Reestructuración Bancaria
La Comisión Europea ha constatado que España no ha completado la transposición de las normas europeas sobre reestructuración y resolución bancarias. Estas modificaciones son esenciales para reflejar adecuadamente la exposición de las entidades bancarias de la UE a sus filiales situadas en terceros países y para mejorar la capacidad de los principales grupos bancarios de resistir perturbaciones financieras.
Las autoridades españolas cuentan con un plazo de dos meses para subsanar estas deficiencias. De no hacerlo, la Comisión podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría derivar en sanciones económicas.
Incumplimiento de la Directiva sobre Gestores y Compradores de Créditos
Además del incumplimiento en materia de reestructuración bancaria, la Comisión Europea ha activado también un ultimátum de dos meses a España por la transposición incompleta de la directiva sobre gestores y compradores de créditos. Esta normativa exige, entre otros aspectos, que estos actores del mercado de créditos actúen de buena fe, de manera justa y profesional con los prestatarios, y se comuniquen con ellos de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida.
Al igual que en el caso anterior, si España no adopta las medidas necesarias en el plazo establecido, la Comisión podría llevar el asunto ante el TJUE.
En resumen, la Comisión Europea ha tomado una posición firme ante el incumplimiento de la normativa bancaria por parte de España, dando un plazo de dos meses a las autoridades españolas para subsanar las deficiencias señaladas. El cumplimiento de estas directivas comunitarias es fundamental para garantizar la estabilidad y la armonización del sector financiero a nivel europeo.
