Los problemas con sus repartidores ha sido uno de los lastres de Glovo, que los ha llevado incluso a enfrentar una denuncia de la fiscalía contra su fundador y director ejecutivo, Oscar Pierre, que podría obligar a este a enfrentar entre 6 meses y 6 años de cárcel, según la fiscalía. Pero la realidad es que son mucho más que una o dos denuncias contra la empresa de reparto. Este diario ha tenido acceso a 29 procedimientos ante juzgados de lo social, que van desde 2018 a mayo de este mismo año, y que giran sobre todo alrededor de la relación de laboralidad entre los repartidores y la empresa.
Las más antiguas son denuncias directas de trabajadores despedidos que defienden su relación laboral con la empresa. Según los documentos antes de que se aprobara la ley rider, lo normal en estos casos es que Glovo no apareciera en las citaciones, no solo acumulando otra serie de sanciones, sino dejando en manos de FOGASA cualquier fallo positivo para el demandante. Si bien varios de los procedimientos siguen abiertos, otros han llegado a una sentencia firme, y no han sido positivas para la plataforma de reparto, aunque esta siga intentando apelar donde puede al menos para estirar estos procesos todo lo posible.
Dos de estas sentencias son especialmente dolorosas debido al número de empleados mencionado. Una demanda interpuesta por la Administración de la Seguridad Social en 2020 llevó a que el Juzgado de lo Social Número 4 de Santander declarará que había una relación de trabajo por cuenta ajena entre Glovoapp23 y 85 trabajadores, lo que obligaría a la empresa a asumir los costos de estos contratos frente a la seguridad social además de las indemnizaciones relevantes en caso de despido o de baja laboral.
Es un caso parecido al de la demanda interpuesta por la Delegación de Gobierno en Madrid contra Glovo por casi 40 trabajadores en el Juzgado de lo Social número 2, que también falló a favor de reconocer una relación de laboralidad entre casi 40 trabajadores y la plataforma de reparto. Son dos casos emblemáticos, pero no son los únicos, y la empresa además tiene que asumir sanciones no solo de inspecciones de trabajo, sino también de migración por la presencia de trabajadores indocumentados en la plataforma, una plaga que la propia plataforma ha intentado controlar en los últimos años pero sin demasiado éxito.
INCIDENCIAS DE GLOVO EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Por supuesto que en el caso de Glovo estos problemas además se traducen en problemas directos con la Seguridad Social. En la práctica, estos contratos con «falsos autónomos», que cambian de estatus una vez regularizados, también se traducen en incidencias de este tipo, por la falta de retenciones o bien por problemas como los de Fogasa en caso de las denuncias individuales previas a la ley rider. En ese panorama, la empresa tiene complicado escabullirse de los pagos, sobre todo porque cada vez es más complicado vender el relato de una empresa que no se puede permitir pagar esas sanciones.
Son 4 infracciones a las que tuvo acceso este medio, entre 2021 y 2023. Además, una de ellas incluye a Migración señalando los problemas eternos de Glovo, y de competidoras como Uber Eats, para limpiar su plataforma realmente de trabajadores indocumentados. Es un problema del que, irónicamente, escapa Just Eats, la única de las tres principales plataformas de reparto de comida en España que ha apostado por un modelo de contratación directa a los trabajadores.
A estos se suma un expediente sancionador firmado por el Ministerio de Política Territorial en el que señala el incumplimiento de la Ley Orgánica, 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El problema es que a pesar de los intentos de la plataforma de filtrar a estos migrantes, precisamente para evitar este tipo de sanciones, ha sido imposible conseguirlo, con algunos repartidores por su cuenta asegurando que a pesar de los riesgos a las sanciones.
29 INCIDENCIAS DE MOMENTO EN ESPAÑA
Lo cierto es que la cantidad de problemas legales de la empresa de reparto explica por qué uno de sus inversores más importantes, la empresa alemana Delivery Hero, no solo empezó el año con 400 millones de euros apartados para pagar las sanciones que podían afrontar por este tipo de situaciones. Lo cierto es que la presión que representa la Ley Rider en España, y la normativa de trabajo en plataformas digitales en el resto de Europa son un problema evidente, incluso si la segunda ha terminado bastante descafeinada antes de su aprobación.
En cualquier caso, estas no representan todas las incidencias de la plataforma. Glovo es una empresa en situación delicada, y precisamente por las sanciones que incluso han puesto en duda su funcionamiento a futuro. Estos casos son un ejemplo de esto, y a medida que se busquen más fórmulas para aplicar la nueva ley será cada vez más evidente que para la plataforma representa un problema en cuanto a operatividad.
