La AlianzAS, una organización que aglutina a diversas empresas del sector de los servicios esenciales, ha emitido un comunicado alarmante sobre el posible impacto económico de la medida anunciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según sus cálculos, la reducción de la jornada laboral semanal a 37.5 horas, sin merma salarial, podría costar a las empresas del sector nada menos que 1.270 millones de euros.
Esta cifra, que representa un incremento de costes de aproximadamente el 4.25%, resulta «inasumible» para sectores intensivos en mano de obra que prestan servicios de manera indirecta a las administraciones públicas. Pero el problema va más allá de los números, pues la AlianzAS advierte de los profundos problemas organizativos y estructurales que esta medida generaría.
DESAFÍOS CONTRACTUALES Y ESTRUCTURALES
Según la organización, la reducción de jornada chocaría de frente con las obligaciones contractuales existentes, que exigen una dedicación superior a la jornada que se quiere imponer. Esto implicaría la necesidad de buscar nuevos trabajadores, algo complicado en algunos sectores por la escasez de personal.
Además, la AlianzAS reclama al Gobierno un «ejercicio de corresponsabilidad», en el que se permita la revisión de los precios de los contratos en vigor, ya que esta circunstancia no pudo haber sido prevista en el momento de la licitación. De lo contrario, advierten, la medida «atentaría contra la negociación colectiva» al alterar los términos de los convenios firmados.
UN SECTOR ESTRATÉGICO AMENAZADO
Los servicios esenciales representan más de 30.000 millones de euros de facturación y emplean a más de 1,25 millones de trabajadores, desempeñando un papel «fundamental» para el correcto funcionamiento del sistema productivo. Se trata, por tanto, de un sector estratégico para el país, tanto en términos económicos como sociales.
Sin embargo, la AlianzAS señala que esta medida supondría «un ataque más a su supervivencia», sumándose a otras dificultades como la imposibilidad de revisión de precios y la obligatoriedad de asumir prórrogas contractuales. En definitiva, una carga adicional que podría desembocar en una «situación crítica» para varios sectores estratégicos de la economía española.
