La Audiencia de Lleida ha tomado una decisión controversial al aplicar la Ley de Amnistía a un agente de la Policía Nacional que presuntamente propinó una patada a un votante del referéndum del 1-O en Lleida, quien sufrió posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Esta resolución ha generado debates y cuestionamientos sobre los límites de la ley y el tratamiento de los hechos ocurridos durante aquel evento.
Aplicación de la Ley de Amnistía
El tribunal de la Sección primera de la Audiencia de Lleida ha ordenado el archivo del procedimiento abierto contra el agente de la Policía Nacional, quien estaba procesado por un delito de lesiones por los hechos ocurridos durante la jornada del 1-O en un centro de votación del barrio de la Mariola de Lleida.
De acuerdo con el auto consultado, el acusado formaba parte de la dotación policial que se presentó en el Casal Civic de la Mercè, ubicado en el barrio de La Mariola de Lleida. Los policías procedieron a retirar las urnas y el material y a desalojar a las personas allí congregadas, pese a la ilegalidad del referéndum.
Entre estas personas se encontraba la víctima, a la que el agente «propinó una patada en los genitales» que provocó que sufriera una parada cardiorrespiratoria con diagnóstico de muerte súbita recuperada, una cardiopatía isquémica crónica, fracturas costales y policontusiones, lesiones por las que tuvo que recibir tratamiento médico y quirúrgico y que le causaron secuelas.
Justificación de la Audiencia
Sin embargo, la Audiencia de Lleida entiende que el delito de lesiones del que estaba acusado el agente tiene encaje legal en la Ley de Amnistía, que incluye acciones «realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa«, por lo que ordena el archivo de la causa.
Esta decisión de la Audiencia ha generado debates y cuestionamientos sobre los límites de la Ley de Amnistía y la aplicación de la misma en incidentes relacionados con el 1-O. Algunos expertos en derecho y activistas consideran que esta resolución podría sentar un precedente preocupante, al parecer justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante aquel evento.
Implicaciones y Reacciones
La absolución del agente de la Policía Nacional ha sido recibida con rechazo y críticas por parte de aquellos que consideran que se debe mantener la responsabilidad penal en casos de presunta violencia excesiva por parte de las autoridades, independientemente del contexto político. Algunos defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la posible impunidad que esta decisión podría generar.
Por otro lado, sectores más afines a las fuerzas de seguridad han aplaudido la resolución, argumentando que los agentes actuaron dentro de los límites legales y que la Ley de Amnistía es una herramienta necesaria para proteger a los funcionarios públicos que se enfrentan a situaciones complejas y desafiantes.
En resumen, la aplicación de la Ley de Amnistía en este caso ha abierto un debate intenso sobre los equilibrios entre el Estado de Derecho, los derechos ciudadanos y la actuación de las fuerzas de seguridad en momentos de tensión política. Esta decisión de la Audiencia de Lleida sin duda tendrá importantes repercusiones en el ámbito legal y social, y será objeto de un profundo análisis en los próximos días.
