El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, trata de convertir a los Ayuntamientos en sus espías para conocer cuántos pisos turísticos ilegales existen en los municipios, a pesar de ser una competencia autonómica, ya que son las propias Consejerías de Turismo las encargadas de dar las oportunas licencias. Bustinduy insiste en la teoría y la ‘leyenda negra’ que se está expandiendo por Europa sobre los pisos turísticos, un cuento en el que se concluye que son los responsables del problema de la vivienda. No obstante, los datos tumban este relato. Apenas existen pisos turísticos en relación a las viviendas residenciales y solo en algunas zonas de las ciudades más turísticas hay un elevado porcentaje.
«Salvo en algunas excepciones, la incorporación de las viviendas en régimen turístico al mercado del alquiler tradicional no supondría un incremento relevante de la oferta de viviendas en alquiler», por más que la UE asegure que el 25% de las viviendas de la UE está en las plataformas. Aún así, el peso de los alquileres turísticos «es muy desigual y no afecta de la misma manera a todas las zonas de una misma ciudad», destaca Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler.
«. Es decir, sólo en Madrid se acerca en una zona muy concreta a ese 25%, al que se acoge la UE para tratar de cerrar el negocio de las plataformas de alquiler, como si antes no existiera el alquiler vacacional.
Bustinduy envió un mail a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) esta misma semana para tratar de eliminar la proliferación de pisos turísticos sin licencia, como si los Ayuntamientos tuvieran herramientas para poder controlar cada una de las viviendas. El envío masivo los más de 8.100 Ayuntamientos de toda España, al que ha tenido acceso QUÉ!, tiene como finalidad controlar cuántas viviendas operan de forma ilegal.
LA CARTA DE BUSTINDUY GENERA POLÉMICA EN LOS AYUNTAMIENTOS
Tras el saludo de rigor, el Ministerio controlado por Bustinduy apunta: «Le informamos que, desde la Dirección General de Consumo, del Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han puesto en contacto con la FEMP para trasladarnos las actuaciones que están llevando a cabo en el sector de las viviendas de uso turístico, sector que está sujeto a la normativa de consumo y que tiene un importante impacto en el modelo de ciudad».
En el mismo sentido, apuntan que el Ministerio de Bustinduy inició una investigación el pasado 5 de junio «por la publicidad de viviendas turísticas sin licencia que se estaría realizando en diferentes ciudades españolas, principalmente a través de plataformas de alojamiento de datos en internet».
«La publicidad de viviendas que no cuentan con la habilitación normativa preceptiva para ser comercializadas como tal podría tener la consideración de práctica comercial desleal con los consumidores y usuarios y, por tanto, suponer una infracción del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios», afirma el mail al que ha tenido acceso este diario.
Para detectar las viviendas ilegales, el Ministerio de Consumo cotejará los datos enviados por «las principales plataformas que intermedian en este sector» con los datos facilitados por los Ayuntamientos. De esta manera, quienes aparezcan en una de las dos listas pueden ser susceptibles de ser investigadas.
PETICIÓN DE DATOS A AIRBNB Y OTRAS PLATAFORMAS
«Como primer paso, el Ministerio ha solicitado información a las principales plataformas que intermedian en este sector, para poder conocer de primera mano datos sobre el tipo de viviendas que se comercializan a través de estas, su distribución geográfica y su concentración patrimonial», apunta la FEMP en su mail enviado a todos los Ayuntamientos.
Asimismo, pide «la colaboración a las Entidades Locales para identificar aquellas viviendas que, en el ámbito municipal, aun no contando con la correspondiente habilitación para ser comercializadas como viviendas turísticas estén llevando a cabo esta actividad». De esta forma, en vez de poner a su personal a indagar en las viviendas que se promocionan ilegalmente como pisos turísticos, son los propios Ayuntamientos quienes deben realizar esta labor.
No es la primera vez que se intenta algo similar. Bustinduy, de la rama de Sumar, sigue así con las mismas premisas que Ada Colau y Jaume Collboni durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, son las CCAA las únicas con la competencia para ofrecer las licencias turísticas.
MADRID APLICA SU PROPIA LEY CONTRA LOS PISOS TURÍSTICOS ILEGALES
«En este primer año de Legislatura, la Comunidad de Madrid ha duplicado los efectivos encargados del control de las viviendas de uso turístico, con 13 nuevos -que se unen al actual equipo de 16- y a los que se añadirán otras 4 personas para la recopilación e intercambio de datos», han apuntado fuentes de la Consejería de Turismo de Madrid a preguntas de QUÉ!.
«Junto a ello, el endurecimiento de las sanciones en caso de desobediencia o falsedad para aquellos supuestos en los que se establezca la baja de la actividad, así como el refuerzo de los sistemas de colaboración e intercambio de información con los municipios», han destacado.
En Cataluña y solo en la primera semana de julio se han levantado 92 actas tras 158 inspecciones en pisos turísticos, especialmente en Barcelona, donde gobierna el PSC, que ha prometido eliminar a Airbnb del mercado para 2028. La Generalitat de Pere Aragonès ha dado luz verde a «un dispositivo integral» para combatir «el incumplimiento de la obligación de registro y comunicación de las personas que se alojan». Todo en un año en el que se espera una afluencia récord de turistas, por encima de las cifras de 2017.
BUSTINDUY EVITA EL DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A tenor de la actuación de Madrid y Cataluña, la acción de Bustinduy no solo llega tarde, sino que carga a cuenta de los Ayuntamientos su propia labor para descubrir los pisos turísticos ilegales. Los Consistorios señalan que la única forma eficaz para aflorar estas viviendas es a través de las denuncias de los propios vecinos, la mayoría por «molestias», «ruidos» e incluso «peleas». «No tenemos personal y no podemos derivar policía municipal a otras tareas que no tienen asignadas. Si el Ministerio de Consumo cree que hay actividad ilegal debería desarrollar un plan para que sea su propio personal el encargado de denunciarlo, más cuando se trata de publicidad de pisos turísticos», apuntan.
De hecho, la petición de Bustinduy no tiene incidencia en grandes Ayuntamientos alejados de zonas turísticas. «Aquí somos más de 200.000 habitantes y solo tenemos diez pisos turísticos registrados», señalan. En este sentido, apuntan que la estrategia del Ministerio de Consumo es señalar a este tipo de viviendas como las responsables del actual problema de vivienda. «La solución a la vivienda pasa por más ayudas para edificar vivienda social y nueva, pero no lo hacen», destacan las fuentes municipales consultadas. Bustinduy, además, insta a los Ayuntamientos a colaborar en esta identificación, conocedor de que no tiene competencias para realizarlo.
