En una decisión histórica, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de CGT (Fetap-CGT) contra el decreto que aprobó la oferta de empleo público para el año 2022 y el que aprueba la oferta para la estabilización del empleo público en la Administración General del Estado, correspondiente a la Ley de 2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.
El fallo del Alto Tribunal, con fecha del 16 de julio, declara la nulidad del real decreto de 24 de mayo de 2022 en la medida en que para las plazas cuyo sistema de selección sea el concurso, no prevé la reserva legal para personas con discapacidad. Sin embargo, desestima el recurso en todo lo demás, según el comunicado al que tuvo acceso Europa Press.
La Lucha Contra la Temporalidad en el Empleo Público
El sindicato Fetap-CGT apeló la falta de aplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, la cual «sigue sin estar transpuesta en el sector público», dejando a las administraciones públicas excluidas en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de los límites temporales del trabajador temporal público.
Además, el sindicato apeló por las plazas ocupadas por personas en abuso de temporalidad y el incumplimiento del cupo de discapacidad en los puestos de la Administración. Lamentablemente, el Tribunal Supremo no aceptó las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque el sindicato señala que la realidad de la Administración ya no se puede ocultar.
El Papel del Ministerio de Función Pública
El sindicato Fetap-CGT ha señalado al Ministerio para la Transformación Pública y de Función Pública y a su dirigente, el ministro Escrivá, como el «principal culpable» de esta situación. Sin embargo, también reconocen que Escrivá tiene una nueva oportunidad para cumplir mediante el anteproyecto de ley de Función Pública, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de julio de 2024.
Este fallo del Tribunal Supremo es un importante paso en la lucha contra la temporalidad en el empleo público, pero aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar que las administraciones públicas cumplan con la normativa europea y brinden oportunidades justas a los trabajadores, incluyendo a las personas con discapacidad. El Ministerio de Función Pública tendrá un papel fundamental en esta tarea, y se espera que el anteproyecto de ley sea una herramienta clave para lograr estos objetivos.
