La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado a conocer recientemente los datos correspondientes al coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en España durante el año 2021.
Según los informes publicados, esta cifra ascendió a 8,64 millones de euros, lo que representa una disminución del 12% con respecto a los 9,82 millones de euros registrados en el año 2020.
El servicio universal de telecomunicaciones en nuestro país incluye una serie de prestaciones que garantizan el acceso a los servicios básicos de comunicaciones para toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o sus condiciones socioeconómicas.
Estas prestaciones abarcan desde la conexión a la red desde una ubicación fija en todo el territorio, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 megabit por segundo (Mbps) en zonas no rentables, hasta los servicios especiales para usuarios con discapacidad y el abono social para jubilados y pensionistas con rentas bajas.
Ajustes en el Cálculo del Coste Neto
La CNMC ha detallado que el coste neto aprobado se calcula restando al coste neto directo los beneficios no monetarios y las subvenciones vinculadas a servicios que forman parte del servicio universal. Además, para el cálculo del coste neto de 2021 correspondiente a las zonas no rentables, se realizó un ajuste para incorporar el proceso de desmantelamiento de la red de cobre por parte de Telefónica, la empresa encargada de prestar este servicio, y reflejar de manera más precisa el coste de proveer la conexión a la red, el servicio telefónico y la conectividad a internet en estas zonas.
Cabe mencionar que el año 2021 fue el último en el que las cabinas telefónicas se incluyeron como parte del servicio universal de telecomunicaciones en España. Esta decisión se enmarca en la evolución tecnológica y el nuevo marco normativo establecido por la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) de 2022, que entrará en vigor a partir del ejercicio 2023.
Financiación del Servicio Universal
La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal debe ser financiado por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones de euros. En este sentido, la CNMC también determinará, en un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
Asimismo, la CNMC ha informado que está trabajando en la elaboración de una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el servicio universal. El objetivo de esta iniciativa es adaptarse a la evolución tecnológica y al nuevo marco normativo establecido por la LGTel 2022 para los componentes del servicio universal, lo cual entrará en vigor a partir del ejercicio 2023.
