La ciudad de Valencia se ha visto envuelta en una controversia relacionada con la suspensión de licencias urbanísticas en el entorno de la calle Guatla, en el distrito de la Saïdia. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha tomado esta decisión con el objetivo de iniciar la redacción de los documentos para la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística, buscando cumplir con los compromisos adquiridos con los vecinos para la implantación de nuevas dotaciones municipales en la zona.
Sin embargo, esta medida ha generado una reacción inmediata por parte de Inversiones Gran Valencia 2005 SL, una sociedad que había iniciado procedimientos administrativos para la concesión de una licencia con el fin de construir un hotel-residencia de estudiantes en el área afectada. La empresa ha expresado su inconformidad y su determinación de llevar el caso ante las últimas instancias judiciales nacionales e internacionales.
El Reclamo de Inversiones Gran Valencia 2005 SL
Inversiones Gran Valencia 2005 SL ha manifestado que la decisión adoptada por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia se ha realizado sin contar con la propiedad. Según la empresa, ni el Ayuntamiento ni ningún grupo político que votó a favor de la medida, han establecido comunicación ni informado a la propiedad sobre la intención de suspender las licencias.
Asimismo, la sociedad ha resaltado que, hasta el día anterior a la aprobación de la suspensión, el Ayuntamiento estaba tramitando las licencias con total normalidad e instando a la propiedad a efectuar los trámites administrativos correspondientes.
Acciones Legales y Compensaciones Económicas
Ante esta situación, Inversiones Gran Valencia 2005 SL ha advirtido que llevará el caso ante las últimas instancias judiciales nacionales e internacionales, con el objetivo de defender sus legítimos intereses y el desarrollo urbanístico de la ciudad, donde la carencia de plazas de residencia de estudiantes es más que notable.
Además, la empresa ha enfatizado que cualquier modificación del planeamiento que se lleve a cabo, deberá venir acompañada de una previsión presupuestaria para indemnizar las pérdidas y perjuicios, así como el coste evidente por la expropiación de derechos que ello implica.
La sociedad considera que esta decisión representa un evidente detrimento de las arcas públicas y un alto costo para la administración municipal y para todos los ciudadanos de València, al cambiar un proyecto que traería grandes ingresos para la capital y fomentaría su proyección internacional en el ámbito universitario, por otro que le propiciará pérdidas y gran costo económico.
