La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia en el juicio contra dos responsables de un club de alterne de O Porriño que tenían a 12 mujeres en situación irregular. A pesar de la gravedad de los hechos, las condenas impuestas han sido mínimas, evitando el ingreso en prisión de los acusados.
Rebajas Significativas en las Condenas Iniciales
Inicialmente, la Fiscalía había solicitado para el gerente del Club Falcon Crest una pena de dos años y tres meses de prisión. Sin embargo, el procesado ha llegado a un acuerdo y ha reconocido los hechos de los que estaba acusado, lo que ha supuesto una rebaja significativa en la condena, que quedó en una pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota de 10 euros, además de una inhabilitación especial para dedicarse a actividades de gestión y administración de locales de alterne.
Por otro lado, la otra persona acusada, también propietaria de este local, no ha reconocido los hechos, por lo que la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada inicialmente de seis meses de cárcel, multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el mismo tiempo para la actividad de arrendamiento del local de su propiedad para local de alterne.
Explotación de Trabajadoras en Situación Irregular
Según recoge el escrito de Fiscalía, en octubre del año 2018 el Club Falcon Crest tuvo una inspección que detectó que 12 de las mujeres que trabajaban allí estaban en situación irregular, sin permiso de trabajo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, mientras que otras cuatro no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. En ese momento, la empresa tenía dados de alta a solo siete trabajadores.
La dueña de la propiedad, consciente de la situación de las empleadas en dicho local y de la actividad que se explotaba, alquiló el inmueble al primer acusado, facilitando la comisión del delito. El citado local ha estado clausurado de forma provisional desde abril de 2019 hasta julio de 2020, y en la actualidad el contrato de arrendamiento se resolvió por la propiedad.
Consecuencias y Reacciones
A raíz de la inspección, se incoaron varias actas de infracción. Además, la Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta de oficio a las citadas trabajadoras abonando un importe total de 293,77 euros. Sin embargo, las penas impuestas a los responsables han sido consideradas por muchos como insuficientes para el delito cometido, lo que ha generado críticas y preocupación en la opinión pública.
