El fundador de Glovo, Óscar Pierre, tendrá que defenderse, si así lo precisa su equipo de abogados, el próximo 16 de septiembre. Pierre está acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores tras las inspecciones de Trabajo en Asturias, Badajoz, Cantabria, Salamanca, Valladolid, Salamanca y Vizcaya, donde se han exigido sendos requerimientos, respectivamente, hace un año.
La Fiscalía denunció a la compañía y al empresario por un delito penal al contratar presuntamente como falsos autónomos a los repartidores en distintas ciudades españolas. Las penas contra Pierre oscilan entre los seis meses y los seis años de cárcel. La reincidencia en este ámbito podría agravar la pena, más cuando Glovo ha sido multada por la Seguridad Social al no abonar los costes sociales de los trabajadores, como correspondería a una empresa sin autónomos.
Glovo «no acreditó» que los trabajadores fueran empleados por cuenta ajena y afirmó que la vinculación no existió en el momento de producirse el requerimiento. Las inspecciones de Trabajo de las distintas Comunidades Autónomas realizaron la primera comprobación durante el mes de mayo y pidieron una segunda en julio, hace ahora justo un año. Para la Fiscalía, la respuesta de Glovo fue insatisfactoria.
EL 16-S, DÍA CLAVE EN EL CASO GLOVO
Pese a ello, «los trabajadores han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena». La propia Fiscalía se acoge a la jurisprudencia y a las sentencias judiciales contra Glovo, junto con la actuación del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz. El pulso de Pierre apunta al 16 de septiembre, tal y como puntualizan fuentes judiciales, una fecha que fue adelantada por El Periódico.
Pierre deberá acudir a la cita, pero no tendrá la obligación de soltar palabra alguna. En ninguno de los requerimientos emitidos el pasado año se recibió una justificación de la vinculación contractual de los trabajadores de Glovo con la empresa, motivo que ha llevado a la Fiscalía a realizar la pertinente denuncia. Desde 2015, Glovo actúa como una empresa de reparto e intermediación entre el cliente y el restaurante, no obstante, siempre ha desvinculado al trabajador -rider- de la actividad empresarial, a pesar de ser el eslabón más necesario de esta cadena de reparto a domicilio.
El trabajador está considerado como falso autónomo al no poner ni precios ni horarios, ni tampoco los lugares de reparto. Toda vez que es la aplicación quien le dice cuánto va a cobrar, dónde va a ir el pedido y desde donde sale. En definitiva, un mandado, y no un autónomo con capacidad negociadora para establecer horarios. Los repartidores, además, no pueden negarse al servicio bajo la amenaza de posibles sanciones, que pueden conllevar penalizaciones en el día, varios o bien su salida de la aplicación.
GLOVO ACUMULA 250 M€ EN MULTAS
Hasta ahora, las multas a Glovo ascienden a más de 250 millones de euros, con una regularización de casi 41.000 trabajadores, una masa laboral que ha hecho aumentar los pedidos y por ende las comisiones a los bares, que las han trasladado a su vez a los productos de las cartas cuando hay reparto.
Tras la aprobación de la ley Rider, Glovo es la única que ha preferido mantener su estructura anterior. El resto de competidores, como Just Eat, cumplen escrupulosamente con la normativa vigente. Las quejas se han sucedido contra Glovo, mientras sus repartidores, muchos de ellos inmigrantes ilegales, comparten o realizan una compraventa de cuentas. Los anuncios se han disparado durante el verano y son los propios repartidores legales y registrados quienes lo hacen.
Todos confían en que los clientes no den el aviso a la empresa o a las autoridades correspondientes, pero no hacerlo podría poner en riesgo cualquier petición de demanda o devolución ya que quien lo ha llevado no corresponde con el trabajador que debía realizar el pedido.
DENUNCIAS CONTRA GLOVO Y FALTA DE DERECHOS
Glovo, además, se enfrenta a nuevas inspecciones y dejará en grave riesgo a Delivery Hero, su matriz, que pago 400 millones por algo más del 50% de la compañía fundada en Barcelona y que llegó a valer más de 1.000 millones de euros, al menos sobre el papel, que todo lo aguanta.
Con el sistema de Glovo, Óscar Pierre evita pagar las cotizaciones sociales, así como los seguros en caso de accidente. Sin salario mínimo y con una jornada que puede llevar más de ocho horas, los trabajadores de Glovo prosiguen con las denuncias contra la empresa. Ahora el caso llega la juez y la pena podría alcanzar los seis años de prisión.
Los empleados de Glovo deben hacer frente a todos los gastos, como el de bicicleta, mochila, arreglos, seguros e incluso el móvil, a pesar de que la empresa únicamente funciona con la aplicación. No hay tampoco prevención de riesgos laborales, ni cursos de seguridad vial ni tampoco bajas al ser considerados por Glovo como autónomos.
