La crisis de vivienda en España ha sido un tema de gran preocupación durante los últimos años. En medio de esta situación, surgen historias que ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema de manera integral y con empatía. El caso del desahucio aplazado de un hombre de 66 años en Alicante es un ejemplo claro de la complejidad y los desafíos que enfrentan las personas más vulnerables en su lucha por acceder a una vivienda digna
El Sindicat de Barri de Carolines, una organización vecinal de Alicante, ha sido fundamental en la defensa de los derechos de este hombre, logrando que se aplazara el desahucio que estaba previsto para el 12 de julio. Sin embargo, la lucha no ha terminado, ya que aún se desconoce la fecha definitiva del nuevo desalojo y los motivos legales que llevaron al juez a tomar esta decisión.
LA SITUACIÓN PRECARIA DEL HOMBRE DE 66 AÑOS
Hace dos años, el hombre de 66 años, que vive solo y cuenta con un 55% de discapacidad, se vio obligado a ocupar una vivienda, después de haber vivido en condiciones insalubres en un trastero. Según el Sindicat de Barri de Carolines, el varón «malvivía en un trastero lleno de humedades e incomodidades que le hacían imposible vivir en unas condiciones salubres». Ante esta situación desesperante, el hombre decidió ocupar una casa que, según él, pertenecía a un banco y se encontraba en malas condiciones.
Sin embargo, en 2023, el hombre recibió la notificación de una demanda de Coliseum Real Estate S.L. para que abandonara el piso. Intentó negociar un alquiler social, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, ya que la empresa «siempre le negaron esa posibilidad». Posteriormente, se enteró de que la propiedad había sido vendida a Divarian (Cerberus), una empresa vinculada al BBVA.
LA INTERVENCIÓN DEL SINDICAT DE BARRI DE CAROLINES
El Sindicat de Barri de Carolines ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de este hombre. Gracias a su intervención, se logró aplazar el desahucio previsto para el 12 de julio. La organización vecinal ha celebrado esta decisión, aunque aún desconoce los motivos legales que llevaron al juez a tomar esta medida.
Es importante destacar que el hombre cuenta con un certificado de vulnerabilidad actualizado, lo que debería haber sido un factor determinante para evitar el desalojo. Sin embargo, la burocracia y la falta de sensibilidad por parte de las instituciones y empresas involucradas han hecho que este proceso se alargue y genere más incertidumbre en la vida de este individuo.
LA NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar políticas y medidas efectivas para abordar la crisis de vivienda en España. No se trata solo de evitar desahucios, sino de garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a una vivienda digna y asequible.
Es fundamental que las autoridades y las empresas inmobiliarias trabajen de manera colaborativa para encontrar soluciones a largo plazo que permitan a las personas en situación de vulnerabilidad acceder a un hogar seguro y adecuado. Esto implica no solo la aplicación de la ley, sino también la construcción de viviendas sociales, el fomento de alquileres asequibles y la implementación de programas de asistencia social que brinden apoyo integral a las familias en riesgo de exclusión.
La lucha por una vivienda digna es una batalla que concierne a toda la sociedad. Casos como el del hombre de 66 años en Alicante deben servir de llamado a la acción, para que las instituciones y la ciudadanía se unan en la búsqueda de soluciones duraderas y solidarias.
