La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido «rotundamente» la necesidad de reformar la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a menores migrantes no acompañados (MENAs). Según Montero, esta reforma es imprescindible para enfrentar la actual crisis migratoria y espera poder contar con el apoyo del Partido Popular (PP), instando a que este abandone los discursos xenófobos y deje de imitar las políticas de Vox.
El contexto de la crisis migratoria en Canarias
Montero subrayó que la situación en Canarias es crítica, con 6.000 menores migrantes llegando a las islas, cuando solo tienen capacidad para acoger a 2.000. En este contexto, recalcó la necesidad de una distribución equitativa de los menores en todas las comunidades autónomas.
«Para una comunidad autónoma, esta cifra es un mundo, pero en una distribución equitativa se puede garantizar a estos niños su crecimiento, desarrollo e integración social», afirmó la ministra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
La financiación del Gobierno Central
María Jesús Montero también anunció que el Gobierno central contribuirá con fondos para asegurar que el reparto de menores migrantes venga acompañado de una financiación adecuada. De esta forma, no se trata únicamente de una obligación económica, sino de una cuestión de derechos humanos.
«No podemos tener una distribución de competencias en la que cada uno quiera ejercerlas y luego, al resolver problemas, se pida siempre la ayuda financiera al Gobierno de España», declaró Montero.
Un llamado a la responsabilidad política y social
Montero hizo un llamado a todos los gobiernos autonómicos a ser responsables y solidarios en la acogida de menores migrantes. Según sus declaraciones, si alguna comunidad autónoma rechaza esta obligación, no será por falta de fondos, sino por no querer contradecir el discurso de Vox o por temor a las consecuencias políticas en sus gobiernos autonómicos.
«El Gobierno de España siempre ha creído que hay que poner un cordón sanitario a la ultraderecha para que no forme parte de las instituciones», enfatizó Montero.
La vicepresidenta concluyó asegurando que todas las comunidades autónomas, sin excepción, deberán participar en este reparto de menores migrantes, incluyendo a País Vasco y Cataluña, independientemente de cualquier acuerdo previo en materia de inmigración.
El objetivo de una inmigración ordenada
El objetivo del Gobierno, según Montero, es «hacer una inmigración ordenada» y un reparto «equitativo para que no sea Canarias la que reciba toda la presión». En la conferencia de Infancia y Adolescencia que se llevó a cabo en Canarias, se discutió esta propuesta y se espera que el PP se manifieste a favor de la modificación de la Ley de Extranjería.
«Esperamos que el PP apoye esta reforma para obligar a todas las comunidades a acoger a niños que huyen del hambre, de situaciones de guerra y de desesperación», expresó Montero.
Las implicaciones políticas y sociales
La reforma de la Ley de Extranjería tiene profundas implicaciones políticas y sociales. La negativa de algunas comunidades a participar en la acogida de menores migrantes podría generar tensiones políticas significativas, especialmente en aquellos gobiernos autonómicos liderados por coaliciones con Vox.
«Si alguien no acepta esta obligación de acoger a los niños, no será por una cuestión de dinero, será justamente porque no quiere contradecir el discurso de Vox», señaló Montero.
En este sentido, la postura del Gobierno es firme en la necesidad de proteger los derechos de estos menores y asegurar su integración y desarrollo a lo largo del territorio español.
La reforma de la Ley de Extranjería propuesta por María Jesús Montero es una respuesta directa a la crisis migratoria y a la necesidad de una distribución más justa de los recursos y responsabilidades entre las comunidades autónomas.
El Gobierno de España muestra su compromiso en aportar los fondos necesarios para que ninguna comunidad autónoma se vea financieramente desbordada, pero insiste en que la responsabilidad de acoger a menores migrantes es también una cuestión moral y ética.
«Esta es una cuestión de derechos humanos y de solidaridad. No podemos darle la espalda a menores que huyen de situaciones extremas», concluyó Montero.
