Cabify se queda sin «monopolio» tras el rechazo de la Comunidad de Madrid a 7.700 licencias de VTC. La decisión ha tenido dos consecuencias inmediatas para la operadora nativa de Barcelona. La primera de ellas, una merma de ingresos de más de 1.200 millones de euros al no poder vender las licencias a las que optaba en Madrid, teniendo en cuenta un coste medio por cada autorización de unos 160.000 euros. La segunda de ellas afecta directamente a los conductores que aceptaron las opciones de compra de estas licencias al tener que aportar un montante de 20.000 euros a la hora de formalizar el contrato.
Cabify ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Comunidad de Madrid, pero aguarda sobre cuándo devolverá el dinero de las fianzas. «Cabify siempre ha cumplido los términos y condiciones del contrato», apuntan desde la compañía. Por el momento, la operadora tiene la intención de aguardar una sentencia en firme, una decisión que supondría un sobrecoste para los compradores de las opciones de compra en caso de no abonarse de forma inmediata el montante dado en la fianza.
La empresa «se obliga a realizar cuantas actuaciones le incumban, para que su tramitación administrativa concluya con la emisión a su favor de las tarjetas VTC». Solo este hecho, determinará la primera condición suspensiva del acuerdo y se dará a conocer al comprador mediante un correo electrónico. Para aclararlo, la plataforma que opera VTCs afirma que la condición suspensiva «se entenderá cumplida en la fecha de emisión por la CAM de las Tarjetas VTC a favor del vendedor», indica el contrato al que ha tenido acceso este medio.
EL CONTRATO DE CABIFY Y LOS COMPRADORES DE PAPELITOS
El incauto comprador tiene la obligación ahora de realizar una «notificación por escrito» a Cabify para declarar extinguidas las obligaciones. Solo entonces la empresa procederá a devolver al comprador el anticipo pagado o bien acordar una prórroga. «Ninguna de las partes tendrá derecho a reclamar cantidad alguna a la otra, a excepción de la devolución del anticipo», apunta el contrato. No hay así garantía de pago alguna, más allá del compromiso de hacerlo, un hecho insólito para quien ostenta una posición dominante en la negociación.
Muchos de ellos son ahorradores y con una situación económica no tan boyante, motivo por el que suscribieron créditos bancarios a un elevado tipo de interés ante la incapacidad de poder abonar el importe total a tocateja.
Las advertencias ante esta situación se sucedieron en los últimos meses. «Era una bomba de relojería», afirmaron fuentes del sector consultadas por MERCA2. Con estas licencias, Cabify habría obtenido un ingreso de 1.232 millones de euros teniendo en cuenta los precios de mercado, un auténtico balón de oxígeno para una plataforma que continúa quemando capital y con la necesidad de aportaciones millonarias de sus principales accionistas, como Rakuten.
Los conductores de licencias de VTC vieron una oportunidad de negocio y una alternativa laboral con estas opciones de compra sobre licencias, pero se han cumplido los augurios. Los trabajadores se han quedado con un papel con un valor de cero euros, pero la operación financiera conlleva un sobrecoste: los intereses del crédito. Este coste de la deuda puede conllevar el pago adicional de entre 1.600 y 1.800 euros, dependiendo de los tipos de interés obtenidos en el préstamo, que oscilan en el 9% en el caso de bienes de consumo.
PAPELEO PARA PEDIR EL ANTICIPO A CABIFY
«Los conductores que acudieron a esa llamada están jodidos», puntualizan las mismas fuentes. Toca ahora realizar todo el papeleo inverso para pedir la restitución de los 20.000 euros adelantados a la plataforma por una opción de compra de una licencia que no se ejecutará al no existir dicha licencia. En el mejor de los casos, Cabify podría devolver los importes de forma inmediata, lo que supondría un desembolso importante en un momento delicado financieramente para la compañía.
Fuentes jurídicas conocedoras del sector señalan que sin una sentencia firme, Cabify podría reservarse su derecho a no devolver las opciones de compra con la excusa del recurso. Mientras tanto, los propios compradores de los papelitos tendrán que abonar los intereses generados por su deuda y carecerán de la preciada licencia para inicar una nueva labor profesional, eso sí sujeta a las condiciones impuestas por Cabify en el contrato.
Cabify dio a entender a los compradores que se trataba de una licencia, con un marketing agresivo y por teléfono para poder cerrar rápidamente acuerdos antes de que la Comunidad de Madrid pudiera pronunciarse sobre el proceso.
La agresiva estrategia sonaba más a un «ultimátum» y a un «chantaje», al que se han opuesto patronales como Unauto VTC. «No estoy de acuerdo con esta forma de proceder», ha asegurado José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto VTC y de la sectorial en Madrid, en conversación telefónica con este medio.
Asimismo, el máximo dirigente de Unauto VTC considera que la Comunidad de Madrid ha llevado todo el proceso con el máximo rigor y diligencia para evitar perjudicar la movilidad urbana, que debe regularizarse en convivencia con el taxi. «Se ha alcanzado un equilibrio entre oferta y demanda y no tendrían cabida nuevas licencias», ha señalado.
LAS VTCs, UN MERCADO EN EQUILIBRIO ÓPTIMO
«Un aumento en el número de licencias no solo perjudicaría al sector, sino que repercutiría negativamente a la calidad del servicio», ha sostenido. Berzal indica que sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien debería pronunciarse sobre un posible monopolio de Cabify en caso de obtener un mayor número de permisos por parte de la Comunidad de Madrid. No obstante, no es su escenario principal ya que espera que la Administración prosiga rechazando estas solicitudes. «Hemos llegado al punto óptimo de equilibrio entre oferta y demanda», ha insistido. Su principal objetivo es que el sector trabaje conjuntamente con el taxi para mejorar la calidad del servicio, especialmente con la llegada de turistas.
Se tratan de licencias con una duración de cuatro años e incluidas en la moratoria Ábalos. La Justicia exigió al Consistorio madrileño iniciar los trámites para más de 25.000 de estos permisos de VTC. La mayor parte de las licencias son de Cabify y su entrada en el mercado hubiera supuesto un monopolio.
La operadora señaló que al menos la mitad debían entrar en el mercado, mientras que las patronales del sector indicaron que solo la llegada de 1.000 vehículos más supondría un grave desequilibrio en el sector, dado que la mayoría de ellas son de un único player. Según ha podido conocer este medio, la mayoría de los papelitos estaban destinados a particulares, sin la intervención de fondos y grandes empresas.
LOS TRABAJADORES COMPRARON OPCIONES SOBRE LICENCIAS: CABIFY NO LAS TENÍA
«El problema es que se juega con la venta de algo que no tienes y por otro lado se juega con que al cliente al que le vende esto, la víctima en este caso, es la principal perjudicada pues se han aprovechado de ella», han apuntado.
Los fondos lo tienen más fácil. Primero porque no tienen prisa para reclamar el dinero y segundo porque tienen un ejército de abogados que podrían poner a Cabify contra las cuerdas si se resistiera a las peticiones de reembolso. «Falta preparación y conocimiento financiero», han insistido las mismas fuentes. «Falta formación», apostillan.
Dejar más licencias de VTC en Cabify, además, hubiera un supuesto un problema ante su capacidad de «marcar precios». «Pondría al resto de operadoras y plataformas en una guerra que se ha tratado de evitar hasta ahora», han finalizado.
