La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia se ve envuelta en un escándalo de gran magnitud, con la exconsellera Mónica Oltra en el centro de la polémica. Vox, el partido que ejerce la acusación popular en esta causa, ha solicitado la apertura de juicio oral contra Oltra, a quien se le imputan graves delitos relacionados con el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el exmarido de la exconsejera contra una menor bajo tutela de la Generalitat.
Según el escrito de calificación de Vox, la formación política acusa únicamente a Oltra y a otros altos cargos del departamento que dirigía, considerando que en los hechos concurre la circunstancia agravante de prevalerse «del carácter público que tenga el culpable». La principal acusación recae sobre Oltra, para quien se solicita una pena de tres años y medio de prisión y 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Procesamiento de Oltra y Acusaciones Graves
El pasado 21 de junio se hizo público que el Juzgado de Instrucción 15 de València procesaba a la exconsellera Mónica Oltra «por imperativo legal», en aplicación de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que reabrió el proceso al entender que no podía descartarse «claramente» la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a los investigados.
Las acusaciones en contra de Oltra y otros altos cargos son graves. Según Vox, las acusadas «de común acuerdo y con el ánimo de encubrir los abusos sexuales» cometidos por el entonces marido de Oltra a la menor, «no denunciaron, a pesar de tener obligación para ello, unos hechos tan graves como unos abusos sexuales a una menor tutelada», bien por encubrir quién era el autor o para «proteger» la «carrera política» de la exconsellera.
Asimismo, se considera que no se protegió a la menor «por parte de quien tenía obligación de hacerlo -los acusados-, colocándola en una situación de riesgo, al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado al puesto de trabajo que ostentaba en el centro de acogida».
Victimización de la Menor y Uso de Fondos Públicos
Para esta acusación, la instrucción realizada pone de manifiesto que «pese a mantener una aparente actitud de colaboración con la justicia y de persecución del ilícito penal», a la joven víctima de los abusos «se le ha sometido a una intolerable victimización, alegando una suerte de inverosímil ignorancia deliberada por todos y cada uno de los altos cargos y técnicos intervinientes, respecto al conocimiento del hecho punible en cuestión, así como a la identidad de su autor o responsable», todo ello con el fin de «obstaculizar la investigación» por el parentesco que mantenía el acusado con la exconsellera.
Además, se señala que «se sumió a la menor en la situación de la más absoluta indefensión y desprotección, arbitrando a tal efecto, mecanismos legales y recursos inútiles a la par que ineficaces por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con apariencia formal de legalidad, no prestando una asistencia real y efectiva a la entonces menor, ni mucho menos un asesoramiento debido, ni en el ámbito jurídico ni en el plano psicológico, pese a las atribuciones legales conferidas y por ende su obligación imperativa a prestarles la misma».
Por otro lado, el escrito de Vox también señala que, una vez que el asunto estaba judicializado, «con la finalidad de determinar la falta de credibilidad de la menor, se le realiza una entrevista y una prueba pericial, todo con el ánimo de desacreditar su versión o influir en su ánimo acusador». Incluso se «acordó la decisión de incoar un expediente –que incluía unos informes– «utilizando fondos públicos con fines particulares, siendo la finalidad del expediente liberar de responsabilidad a la Generalitat y los acusados».
En resumen, este escándalo en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia ha puesto en tela de juicio la actuación de la exconsellera Mónica Oltra y otros altos cargos, quienes presuntamente habrían encubierto los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra contra una menor bajo tutela de la Generalitat. Las acusaciones son graves y el caso ha despertado una gran polémica en la región.