La controvertida decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular las condenas penales impuestas a ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha reavivado el debate sobre la asignación de responsabilidades. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha expresado que esta «absolución penal» no absuelve a la Consejería de Empleo de la «mala gestión» que, en su opinión, tuvo lugar durante la administración socialista anterior.
Maíllo ha subrayado que, desde hace ya 12 años, IU ha apuntado a la existencia de «responsabilidades políticas» en este caso, más allá de las responsabilidades penales. Según el dirigente de IU, el TC no es un tribunal de justicia convencional, sino que se encarga de garantizar los derechos constitucionales básicos de las personas condenadas. Por lo tanto, Maíllo considera que la formación política debe situarse en el terreno de la «valoración política», independientemente de las decisiones judiciales.
La Crítica Política y las Decisiones Judiciales
Maíllo ha argumentado que en España se ha generado una estrecha vinculación entre las decisiones judiciales y las decisiones políticas, lo cual ha creado dos espejismos peligrosos. Por un lado, la idea de que delinquir conlleva una deslegitimación política en todos los casos, y por otro, la falsa creencia de que la absolución penal también absuelve políticamente. Para el líder de IU, ninguna de estas premisas es verdadera.
En este sentido, Maíllo ha señalado que la «absolución penal» propiciada por el TC no implica una «absolución política» en relación a la «mala gestión» que, a su juicio, se dio en las políticas de empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Según Maíllo, IU siempre ha defendido que hubo una «responsabilidad política muy grave» en este caso.
El Debate sobre el «Lawfare» y la Ejecución Presupuestaria
Otro aspecto abordado por Maíllo es la cuestión del «lawfare», es decir, la vinculación entre el cumplimiento de una ley del Parlamento y la penalización o delito. El dirigente de IU ha sentenciado que «no puede ser nunca delito ejecutar un presupuesto parlamentario que es producto de la voluntad popular» expresada a través del Parlamento.
Maíllo también ha acusado al Partido Popular (PP) de haber propiciado en este caso un «totum revolutum» en el que no entra en matices, sino que se queda en «el trazo grueso». Según el líder de IU, esta estrategia se ha convertido en un «bumerán» para el PP cuando se enfrenta a una realidad más compleja y detallada.
En resumen, la posición de Antonio Maíllo y de Izquierda Unida en este caso se centra en la búsqueda de responsabilidades políticas, más allá de las responsabilidades penales que puedan dirimirse en el ámbito judicial. Para Maíllo, la «absolución penal» propiciada por el Tribunal Constitucional no absuelve a la Consejería de Empleo de la «mala gestión» que, en su opinión, se dio durante la administración socialista anterior. La clave, según el dirigente de IU, es analizar este caso desde una perspectiva política, sin confundir las decisiones judiciales con las valoraciones políticas.
