La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una sentencia firme que condena a un ciudadano brasileño a 2 años y 10 meses de prisión por el delito de maltrato habitual a su esposa y sus tres hijos menores de edad. La resolución judicial, que también le impone varias restricciones de contacto con la familia, envía un mensaje claro de que el sistema legal no tolerará este tipo de conductas violentas en el ámbito doméstico.
Según los hechos probados, el acusado era un sujeto con antecedentes de maltrato, habiendo sido condenado previamente en 2019 por amenazar y agredir a su pareja. En reiteradas ocasiones, el hombre insultaba y agredía físicamente tanto a su esposa como a sus propios hijos, llegando incluso a empujarlos y golpearlos con objetos como un zapato o un cinturón. Estos comportamientos abusivos se producían con frecuencia delante de los menores, generando un clima de terror y violencia en el hogar.
Credibilidad de las Víctimas y Pruebas Forenses
La Audiencia ha dado total credibilidad a los testimonios de la esposa y los tres hijos, quienes, según el tribunal, declararon de forma persistente y coherente en contra del acusado, sin que se apreciara ningún ánimo espúreo en sus declaraciones. Además, los informes forenses demostraron la huella psíquica que este maltrato había dejado en la madre y los hijos, corroborando así la gravedad de los hechos.
El juez también ha valorado que el acusado negara reiteradamente los cargos en su contra, a pesar de la abrumadora evidencia presentada. Esta actitud defensiva y la falta de remordimiento han sido factores clave para agravar la condena impuesta.
Protección a la Familia y Consecuencias Legales
Más allá de la pena de prisión, la sentencia ha impuesto al condenado la prohibición de acercarse o comunicarse con su familia durante 7 años, así como la prohibición de portar armas durante 6 años. Estas medidas adicionales buscan garantizar la seguridad y el bienestar de la esposa y los hijos, evitando que el agresor pueda volver a atentar contra ellos.
La resolución judicial, que aún puede ser recurrida ante instancias superiores, envía un mensaje claro de que el sistema de justicia no tolerará este tipo de conductas delictivas y que actuará con firmeza para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Este caso servirá como precedente para reforzar la línea de actuación de los tribunales en la lucha contra el maltrato familiar, un flagelo social que sigue requiriendo una atención prioritaria en nuestra sociedad.
