La Fiscalía de Barcelona actúa contra Glovo tras tomarse muy en serio la denuncia de la Inspección de Trabajo respecto a las condiciones de sus trabajadores. La denuncia penal es contra Oscar Pierre, por ser el responsable de «obligar» a sus repartidores a trabajar como falsos autónomos a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo aprobada el 25 de septiembre de 2020. La Fiscalía ha decidido funcionar por la vía penal tras varios intentos de abordar la situación por querellas en la vía civil y después de la primera sanción contra la plataforma de reparto por incumplimiento de la Ley Rider.
El texto de la Fiscalía afirma que: «Para la realización de los servicios Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social, estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas».
Esta práctica, como la describe la denuncia, rompe con lo estipulado en el código penal donde se asegura que pueden ser castigados con seis meses a seis años de cárcel a quienes «mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».
Pero como bien lo explica el texto, «Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores, incluso en fecha posterior a 12/01/2023, quienes se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social».
La exigencia de darse de alta como autónomo para trabajar como rider en la plataforma sigue presente en la página web de Glovo la noche del 2 de julio. Una demostración más de la posición de la empresa de seguir funcionando con autónomos.
PROCEDIMIENTO QUE APUNTA POR OSCAR PIERRE: FUNDADOR DE GLOVO
Es el primer procedimiento legal contra Glovo y pone a Pierre en el punto de mira. El documento de fiscalía, que lo señala por tener «la condición de administrador único de la empresa Glovoapp Spain Platform SL, desde julio de 2023» y recuerda que «con anterioridad era el representante persona física de la sociedad Glovoapp 23 SA, que era administradora única de la sociedad Glovoapp Spain Platform SL», meses después de la sentencia del tribunal supremo.
En ese tiempo, la fiscalía señala que los procedimientos de oficio han concluido la existencia de relación de carácter laboral por cuenta ajena de varios de los repartidores que se han dado de alta como autónomos. De hecho, enumera al menos 7 casos de trabajadores en esta circunstancia. Es el principal motivo de la denuncia y de las sanciones millonarias que ha asumido la plataforma en los últimos años por su manejo de la flota de repartidores.
Pierre, al ser el responsable de la empresa, sería el que tendría que enfrentar la posible sentencia de cárcel o bien el que tendría que asumir la multa de 6 a 12 meses, que están estipuladas en el artículo 311 del código penal. De momento hay que esperar por la decisión del juzgado, pero el texto deja claro que Glovo ha tenido oportunidad de reaccionar previamente para evitar esta escalada.
LA PLATAFORMA HA IGNORADO LOS REQUERIMIENTOS DE TRABAJO TRAS LAS INSPECCIONES
Según la denuncia, Glovo no habría entregado los requerimientos de documentos hechos tras las diferentes inspecciones de trabajo en las que se ha asegurado que debe regularizarse y con los que se buscaba comprobar que la empresa habría aceptado la relación de trabajo con estos repartidores. Son 17 requerimientos de 7 inspecciones provinciales de trabajo que, según la Fiscalía de Barcelona, la empresa fundada por Pierre ha decidido ignorar.
«Sin embargo, Glovo no acreditó en sus respuestas ninguno de los anteriores extremos, limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento, siendo no obstante la realidad incuestionable que los trabajadores han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena», asegura el texto.
OSCAR PIERRE LLAMADO A DECLARAR EN CALIDAD DE INVESTIGADO
La fiscalía culmina pidiendo que Oscar Pierre de declaraciones en los juzgados en calidad de investigado. Además, entre los requerimientos se pide tomar declaración a un repartidor no identificado en el texto para informar si han seguido operando como autónomo tras la inspección del 12 de diciembre de 2023. En caso de que como ha dicho Glovo, se rompió la relación laboral, se deberán explicar los motivos y confirmar si el repartidor recibió la indemnización correspondiente al caso, si esta fuera necesaria.
