Concepción Cascajosa, en su papel como presidenta interina de RTVE, ha hecho hincapié en un punto crucial: la autonomía y profesionalidad con la que RTVE gestiona sus programas, asegurando que las decisiones se fundamentan exclusivamente en criterios técnicos y no están influenciadas por consideraciones políticas.
En cuanto a la controversia sobre la contratación de David Broncano para un programa en el codiciado horario de access prime time en La 1 de TVE, Cascajosa ha defendido vigorosamente la legalidad y transparencia del proceso. Ha enfatizado que todas las etapas de contratación se llevaron a cabo conforme a los trámites, requisitos y condiciones establecidos, subrayando así el cumplimiento estricto de las normativas vigentes.
1Cascajosa niega una contraprogramación desde TVE en respuesta a las acusaciones del PP
Así lo ha explicado Cascajosa en respuesta a varias preguntas parlamentarias del PP en el Congreso sobre si “valoran contraprogramar desde TVE a otros espacios que consideren incómodos para el Gobierno en las cadenas privadas de televisión como han hecho con El Hormiguero”, en alusión a la contratación del presentador y productor de La Resistencia para encarar una nueva oferta en el mismo horario en que Antena 3 emite el programa de Pablo Motos.
“Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer”, contesta con rotundidad Cascajosa, que añade: “RTVE no programa siguiendo instrucciones ni consignas políticas, sino siguiendo criterios profesionales. Hacemos una programación en nuestros diferentes canales, únicamente teniendo en cuenta el interés de los espectadores y los objetivos que debemos cumplir como servicio público”.
La pregunta de los ‘populares’ se refiere a la polémica que suscitó la contratación de Broncano -quien nunca se ha significado políticamente- con un programa para la franja del access prime time de La 1 de TVE, por dos temporadas completas, a razón de 14 millones de euros cada una.
El fichaje se politizó fuertemente, primero desde medios de derecha, luego con el impulso directo desde el mismo Hormiguero, y después directamente desde el PP. Con insistencia se ha argumentado que es “orden de Moncloa”, un “acuerdo inaudito” y que por sus términos económicos “hipoteca” a la corporación.
