La protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia son temas de vital importancia en la agenda política y social de Andalucía. El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha expuesto una serie de medidas clave para abordar esta cuestión fundamental.
En su Informe Anual 2023, presentado al presidente del Parlamento andaluz, Maeztu ha destacado la necesidad de cuantificar, prevenir y detectar situaciones de riesgo que puedan afectar al bienestar y los derechos de los niños, tanto en el ámbito familiar, social como educativo. Esta es una prioridad urgente que requiere la atención y el compromiso de las administraciones públicas.
Desarrollo del Sistema de Información y Registro de Declaraciones de Riesgo
Una de las propuestas clave del Defensor es el desarrollo del sistema de información previsto en la ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Esto incluye la creación de un Registro de declaraciones de riesgo para estos menores, lo que permitiría un conocimiento y seguimiento más detallado de la protección de este sector de la población.
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de paliar el riesgo antes de tener que proceder a medidas más drásticas como la separación del menor de su entorno familiar. Sin embargo, Maeztu señala que las medidas preventivas no siempre son suficientes o no llegan a todos los menores y familias que las demandan. Además, en ocasiones, las intervenciones públicas no se identifican con las necesidades de las personas afectadas, lo que impide una solución efectiva.
En el peor de los casos, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor por parte de la Entidad Pública, lo que conlleva su separación de la familia, con el coste emocional y social que de ello se deriva.
Áreas Temáticas con Mayor Número de Quejas
Según el informe, las cuestiones más numerosas trasladadas a la Defensoría fueron asuntos relativos a familia, como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, sistema de protección o centros de internamiento. Otras áreas temáticas con un alto número de quejas fueron Vivienda y Salud.
En el ámbito de la salud, Maeztu ha señalado las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria como una de las demandas más acuciantes en numerosas zonas rurales.
En el ámbito educativo, el Defensor ha recordado la elaboración del Informe especial ‘La atención educativa en los colegios rurales de Andalucía’, en el que se visibiliza esta realidad educativa como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.
Desafíos y Retos Pendientes
A pesar de los avances logrados en los últimos años para conseguir una educación inclusiva y de calidad, Maeztu ha señalado que aún quedan retos importantes, como la lucha contra el abandono escolar, la plena inclusión del alumnado más vulnerable, la mejora de las instalaciones escolares, el impacto de la brecha digital en el alumnado con mayor vulnerabilidad y la incidencia de la Inteligencia Artificial, el aumento de la oferta de docentes con especial cualificación y de la participación de las familias, y la lucha contra el acoso escolar.
Además, el Defensor ha abordado situaciones de violencia que afectan a los derechos de la infancia, como la pobreza infantil, los malos tratos, la violencia vicaria o la infancia huérfana de la violencia de género. Según datos expuestos, un 29,2% de los niños se encuentran en riesgo de pobreza en Andalucía o viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, y se han registrado 10.787 notificaciones de maltrato en 2023.
En cuanto a la violencia vicaria, entre 2014 y 2023 han muerto o sido asesinados 44 niños, niñas y adolescentes en España, víctimas de esta forma de violencia de género. En Andalucía, 6 menores fueron víctimas de este tipo de violencia. Además, en este período, se contabilizaron 390 menores de 18 años huérfanos por violencia de género contra sus madres en España, de los cuales 86 eran de Andalucía.
Ante este panorama, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha reclamado medidas urgentes para cuantificar, prevenir y detectar situaciones de riesgo que puedan afectar al bienestar y los derechos de los niños, con el objetivo de evitar la separación del menor de su entorno familiar y paliar los efectos de la violencia y la pobreza que azotan a la infancia en la región.
