La Guardia Civil de Valencia ha llevado a cabo una operación en la que se ha inmovilizado un total de 80 toneladas de aceitunas y encurtidos en una empresa de la zona. Además, se ha procedido a la detención del gerente de la compañía por delitos relativos a la salud pública y al mercado y a los consumidores.
Las irregularidades en la producción y distribución
El origen de esta operación se encuentra en la colaboración ciudadana, que alertó a las autoridades de posibles irregularidades en una empresa dedicada a la producción de productos alimentarios. Tras una inspección conjunta con la Consellería de Sanidad, se descubrió que en las instalaciones de la empresa se almacenaban productos identificados como no aptos para el consumo humano, sin etiquetar, en envases oxidados y con fechas de caducidad ampliamente superadas.
Además, se detectaron bidones marcados como ‘producto no apto‘, lo que indica una clara violación de las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria.
La mezcla de productos no aptos con otros autorizados
En el transcurso de la investigación, se constató que la empresa en cuestión mezclaba entre un 5% y un 10% de productos no aptos para consumo humano con otros productos autorizados. Esta práctica ponía en grave peligro la salud de los consumidores, ya que el producto final se distribuía en comercios mayoristas, restaurantes, tiendas y grandes superficies de diversas zonas, tanto a nivel nacional como internacional.
La distribución de estos productos se realizaba en diversos lugares de España, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Además, se exportaban a terceros países y a algunos estados de la Unión Europea.
Las consecuencias de la operación
Como resultado de esta operación, se procedió a la inmovilización de las 80 toneladas de aceitunas y encurtidos, así como a la detención del gerente de la empresa. Este individuo, de 42 años y nacionalidad española, enfrenta cargos por poner en riesgo la salud pública y la integridad de los consumidores.
La Conselleria de Sanidad emitió una alerta rápida a nivel europeo a través del sistema RASFF para controlar y supervisar los productos de esta empresa que aún se encuentran en circulación. La empresa, de forma voluntaria, se comprometió a retirar el producto del mercado, evitando así mayores riesgos para la salud de los consumidores.
Las diligencias correspondientes fueron presentadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira, donde se seguirá el proceso judicial pertinente.
