Si se camina por los barrios de Lavapiés y la Latina, cada vez es más común ver carteles, pintadas y calcomanías que protestan contra la presencia de pisos de Airbnb en la zona. La protesta, descrita por algunos como «turismofobia», se ha agudizado en las últimas semanas por el aumento de los pisos turísticos sin licencia de la zona, que siguen siendo utilizados a pesar de la publicación reciente de la alcaldía de Madrid que recordaba que solo 942 pisos turísticos de la ciudad tienen licencia, y que se congelara la aprobación de nuevas licencias al menos hasta el 2025, cuando el ayuntamiento espera presentar la nueva normativa.
No debería ser una sorpresa. Aunque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el nuevo reglamento no tomará medidas similares a las de Barcelona, donde el alcalde, Jaume Collboni, espera expulsar toda la oferta de pisos turísticos a pesar de los reclamos de las patronales y de Airbnb, ya ha dicho que es necesario regular la situación sobre todo en el centro donde el regreso de los pisos turísticos tras la pandemia ha disparado los precios y obliga a la gran mayoría de los residentes a pagar más de 30% del sueldo como máximo que suele recomendarse por los analistas.
Al mismo tiempo, es evidente que en un país con las características de España la turismofobia es un problema. En 2023 representó más del 12% del producto interno bruto del país, y es clave sobre todo en verano para sectores como la hostelería y el ocio que necesitan la presencia de este tipo de clientes. El país, como un todo, puede presumir de un superávit de 62.000 millones de euros gracias al turismo, según datos de El Confidencial. El equilibrio es el objetivo, pues si se castiga a los ciudadanos, el sentido de mejorar estos datos será complicado de entender para los vecinos.
En cualquier caso, Lavapiés no es la única zona que enfrenta una situación similar. Según el portal Inside Airbnb, dedicado al cálculo de las viviendas ofrecidas como pisos turísticos en este tipo de zona, todo el centro de Madrid hay unas 11.026 ofertas de pisos turísticos, un dato importante dado que según el ayuntamiento de Madrid hay apenas unas 941 licencias aprobadas, y otras 151 en tramitación, incluso sumando ambos datos hablamos de solo 1.192 licencias aprobadas, es decir el 92% de estos pisos, muchas veces de empresas más que de particulares, son ilegales.
LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA EN LA ZONA SE AGUDIZAN
En cualquier caso, no hay duda que el precio en la zona sigue subiendo. El alquiler de un estudio, con alrededor de 20 metros cuadrados, en la zona, puede rondar los 700 euros, según los precios consultados en el portal Idealista, y no hay nada que apunte a que vaya a bajar en los próximos días. En la práctica, mientras haya caseros que consideren que poner un piso en alquiler en una plataforma como Airbnb sea más rentable y se permita, muchos de estos pisos se mantendrán fuera del mercado de las viviendas.
Pero lo cierto es que sea en redes sociales, grupos de WhatsApp de vecinos o por comentarios en las calles, es evidente que cada vez son más los que no pueden asumir estos precios. Con el promedio en la zona muy por encima de lo esperado y obligando a los trabajadores a lidiar con una situación delicada en la que el alquiler es mucho más de la mitad de su sueldo. La siguiente pregunta, antes de tomar medidas, es si la reducción de los pisos turísticos realmente ayudaría con la situación.
LOS PISOS TURÍSTICOS EN LAVAPIÉS NO DESAPARECERÁN DE MOMENTO
Aun si se mejoran las regulaciones y disminuyen los números, el deseo de algunas organizaciones de vecinos, y de los hoteleros, de que desaparezcan los pisos turísticos no parece que se vaya a cumplir en los próximos meses. Si bien algunas ciudades importantes del mundo, como Nueva York o Berlín, han hecho lo posible para controlar la situación, no es fácil eliminar esta opción cuando ya los turistas y propietarios se han acostumbrado a que exista. Además, hay un interés empresarial en que se mantengan.
Pero de momento se verán cada vez más protestas. Desde grupos como el Sindicato de Inquilinos hasta organizaciones políticas, o incluso movimientos claramente de marketing como el piso de una anciana comprado por el Cádiz para evitar el desahucio de su inquilina, es evidente que organizaciones como Airbnb están en el punto de mira de la opinión pública, y que de allí estarán en la de los políticos, lo que puede castigarlos a futuro.
