La crisis de la vivienda en España es un tema complejo y multifacético que requiere un enfoque integral y de largo plazo. En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han realizado importantes contribuciones para entender la problemática y proponer soluciones. En un reciente encuentro, estos expertos han instado al Gobierno a reconsiderar algunas medidas de la Ley de Vivienda y han hecho énfasis en la necesidad de revisar la estructura tributaria del sector, fomentar la oferta de vivienda asequible y recuperar la seguridad jurídica del derecho de propiedad.
Estos planteamientos reflejan la complejidad del reto y la importancia de adoptar un enfoque equilibrado y coherente que aborde los diversos factores que inciden en el acceso a la vivienda. La recuperación de la confianza de los inversores, la simplificación y agilización de los procesos urbanísticos, así como la búsqueda de soluciones adaptadas a las particularidades de cada región, son algunos de los elementos clave que se deben considerar para avanzar hacia un mercado de la vivienda más eficiente y equitativo.
NECESIDAD DE REVISAR LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA DE LA VIVIENDA
Uno de los aspectos más relevantes señalados por Fedea y el CGE es la necesidad de «racionalizar la estructura tributaria» del sector de la vivienda. Según el catedrático Benito Arruñada, la actual estructura tributaria es «disparatada», ya que recae en gran medida sobre las transmisiones y no tanto sobre la tenencia. Esto supone un desincentivo para quienes desean moverse a vivir en otras ciudades y acceder a nuevos empleos. Arruñada ha sido contundente al afirmar que «el principal especulador, con muchísima diferencia, son las administraciones públicas», que se llevan al menos la mitad del precio de la vivienda nueva en impuestos.
Ante esta situación, Fedea y el CGE han instado al Gobierno a retirar las medidas de control de precios incluidas en la Ley de Vivienda y a reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y las transmisiones. Estos expertos consideran que esta medida sería más efectiva para aliviar la carga sobre los compradores y arrendatarios, en lugar de las intervenciones directas en los precios, que no han logrado los resultados esperados.
Además, han advertido que la Ley de Vivienda apunta a una mayor intervención en el mercado, con la intención de limitar los alquileres de temporada, los alquileres por habitaciones y los alquileres turísticos. Estos expertos consideran que dicha regulación sería un «error», ya que estos tipos de alquiler son «absolutamente necesarios» para cubrir las necesidades de colectivos específicos, como estudiantes y trabajadores desplazados.
FOMENTO DE LA OFERTA DE VIVIENDA ASEQUIBLE
Fedea y el CGE también han destacado la importancia de que las administraciones públicas asignen más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público de alquiler. Según estos expertos, España carece de un parque significativo de vivienda social pública, a diferencia de otros países europeos.
La creación de un «gran parque de vivienda» de estas características sería fundamental para facilitar el acceso a la vivienda de una «capa importante de la población» que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. Asimismo, han propuesto proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible, con el fin de complementar el esfuerzo público.
En este sentido, los expertos han criticado que la Ley de Vivienda haya «cargado la tarea colectiva de atender las necesidades de los más vulnerables» sobre los operadores privados, sin brindarles la protección e incentivos adecuados. Esto, a su vez, ha reducido la oferta y aumentado los precios, dificultando el acceso a la vivienda para las familias más vulnerables.
RECUPERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS URBANÍSTICOS
Fedea y el CGE también han abogado por recuperar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, tanto en lo relativo a las limitaciones administrativas para la promoción y construcción, como en materia de «okupación» y desahucio. Estos expertos consideran que esta medida es urgente y necesaria para alinear la situación española con la de otros países europeos.
Asimismo, han defendido la necesidad de retomar el proyecto de Ley del Suelo para evitar la paralización de los planes urbanísticos, simplificar y agilizar el urbanismo, y «acortar drásticamente» los plazos para urbanizar y edificar. Esto, a su vez, abarataría y agilizaría la construcción de nuevas viviendas.
Finalmente, Fedea y el CGE se han mostrado a favor de estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda adoptar reglas diferentes, adaptadas a su idiosincrasia económica y política. De esta manera, se podría observar qué regulaciones funcionan mejor y replicarlas en otras regiones, fomentando así soluciones más eficaces y ajustadas a las necesidades específicas de cada territorio.
En resumen, el planteamiento de estos expertos refleja la necesidad de abordar la crisis de la vivienda desde una perspectiva integral, que considere tanto la revisión de la estructura tributaria, el fomento de la oferta de vivienda asequible, como la recuperación de la seguridad jurídica y la agilización de los procesos urbanísticos. Solo a través de un enfoque equilibrado y coherente se podrá avanzar hacia un mercado de la vivienda más eficiente y equitativo en España.
