La crisis migratoria en Canarias se ha vuelto insostenible, llevando a las autoridades locales a solicitar una «emergencia migratoria» a nivel nacional. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha urgido al presidente Pedro Sánchez a modificar la Ley de Extranjería para facilitar el reparto de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Esta medida se considera esencial para aliviar la presión sobre Canarias, que actualmente tiene bajo su tutela a 5,645 menores migrantes.
Delgado también ha propuesto utilizar instalaciones militares en desuso como centros de acogida temporales y establecer un plan estatal para apoyar a los menores incluso después de que cumplan 18 años. Estas propuestas fueron presentadas en el Parlamento de Canarias, donde la consejera enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto del Estado y la Unión Europea para abordar esta crisis humanitaria.
En el ámbito europeo, Delgado sugirió la creación de un «Banco Europeo de Familias Acogentes» y una red de recursos de primera acogida en las zonas fronterizas. También destacó la importancia de mejorar el despliegue de Frontex en la costa africana para combatir las mafias y reforzar la vigilancia. Adicionalmente, insistió en la implementación de políticas de cooperación al desarrollo en los países de origen para que los jóvenes puedan tener oportunidades de vida en sus propias tierras.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su frustración ante la falta de respuesta tanto del gobierno español como de las instituciones europeas. Pidió un apoyo más decidido para gestionar la creciente llegada de menores migrantes, destacando que la carga no puede recaer solo en Canarias. El Parlamento de Canarias ha sido testigo de intensos debates entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la necesaria reforma de la Ley de Extranjería.
Para enfrentar la emergencia actual, Canarias ha implementado un plan de choque para agilizar la documentación de los menores bajo su tutela. Este plan incluye la unificación de criterios y protocolos de trabajo entre las entidades colaboradoras, así como una campaña para promover el acogimiento familiar de menores. Estas acciones buscan ofrecer una vida digna y un futuro prometedor a los niños y adolescentes migrantes.
Unicef España ha respaldado estas iniciativas, demandando soluciones urgentes para trasladar a los menores migrantes al territorio peninsular y aliviar la saturación del sistema de protección canario. La organización también ha llamado a una mayor inversión y la implementación de herramientas eficientes para gestionar la crisis migratoria, subrayando que el interés superior de los menores debe ser una prioridad.
A pesar de los esfuerzos realizados, Unicef ha señalado que el sistema de gestión de solicitudes de protección internacional en España aún no está preparado para la actual realidad del asilo. La organización ha instado a seguir trabajando para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes refugiados tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de los jóvenes en España.
Respuestas institucionales y políticas ante la crisis migratoria en Canarias
Ante la crisis migratoria en Canarias, las respuestas institucionales y políticas han sido fundamentales para abordar una situación sin precedentes. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha desplegado una serie de medidas urgentes para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela. La titular del área, Candelaria Delgado, destacó la implementación de un plan de choque destinado a agilizar el proceso de documentación de los niños y niñas residentes en los dispositivos dependientes del Gobierno de Canarias, cumpliendo con las normativas establecidas en la Ley Orgánica de Extranjería.
En su intervención ante la comisión parlamentaria, Delgado subrayó la magnitud del desafío actual: cerca de 5,700 menores extranjeros no acompañados bajo tutela y una proyección de hasta 11,000 para finales de 2024. Esta situación ha impulsado la exigencia de modificar la Ley de Extranjería para asegurar una distribución equitativa de la responsabilidad entre las Comunidades Autónomas españolas en la acogida de estos menores.
El Gobierno de Canarias ha solicitado también la declaración de una emergencia migratoria a nivel estatal, lo que permitiría a todas las comunidades autónomas habilitar dispositivos de acogida con urgencia. Además, se ha propuesto utilizar instalaciones militares en desuso para crear nuevos espacios de acogida, ampliando así la capacidad de respuesta ante la creciente llegada de migrantes.
En términos financieros, Canarias ha reclamado al Gobierno central los fondos necesarios para hacer frente a esta crisis, superando hasta el momento los 86 millones de euros destinados por la Comunidad Autónoma. Estos recursos son cruciales para mejorar las condiciones de acogida y garantizar los derechos de los menores migrantes en la región.
Además de las medidas operativas, se ha enfatizado la importancia de fortalecer el despliegue del Frontex en la costa africana, enfocándose en la vigilancia y combate contra las mafias que facilitan la migración irregular desde países como Senegal. Paralelamente, se ha promovido una política de cooperación al desarrollo en los países de origen, con el objetivo de ofrecer oportunidades a los jóvenes migrantes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus propias comunidades.
Canarias enfrenta una crisis migratoria que demanda acciones inmediatas y coordinadas tanto a nivel nacional como europeo. Las medidas propuestas por el Gobierno regional buscan no solo gestionar la emergencia actual, sino también establecer bases sólidas para una política migratoria más integral y efectiva en el futuro.
Impacto humano y necesidades urgentes de los menores migrantes en Canarias
El impacto humano de la crisis migratoria en Canarias es profundo y urgente, especialmente para los menores migrantes que llegan a las islas buscando seguridad y oportunidades. Con la llegada de casi 2.000 personas en tan solo cuatro días, incluyendo 200 menores de edad, se evidencia la presión adicional sobre los recursos locales de acogida y protección. La Consejería de Bienestar Social ha reconocido la necesidad crítica de mejorar las condiciones para estos jóvenes, muchos de los cuales llegan solos y sin familiares en la isla.
En este contexto, se ha puesto en marcha un plan de choque destinado a agilizar la tramitación de la documentación de los menores extranjeros no acompañados. Este plan es crucial para garantizar que estos niños y adolescentes reciban la atención y los servicios que necesitan de manera oportuna y efectiva. La implementación de protocolos claros y unificados entre todas las entidades colaboradoras es parte integral de este esfuerzo, con el objetivo de asegurar un tratamiento justo y humanitario para todos los menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias.
La situación actual revela una carga significativa sobre los recursos existentes, con casi 5.700 menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del gobierno regional. Esta cifra subraya la urgencia de reformar la Ley de Extranjería para facilitar una distribución equitativa de responsabilidades entre todas las comunidades autónomas españolas. Es fundamental que todos los menores migrantes reciban una atención adecuada y se les brinde la oportunidad de construir un futuro seguro y prometedor en España.
Además de las medidas administrativas y legislativas, es crucial abordar las necesidades emocionales y psicológicas de estos menores, muchos de los cuales han experimentado traumas significativos en sus viajes hacia Canarias. La promoción del acogimiento familiar como alternativa a la institucionalización es una prioridad, alineada con las recomendaciones internacionales que buscan proteger el bienestar y los derechos de los niños migrantes.
La voz de organismos como Unicef España ha subrayado la importancia de encontrar soluciones rápidas y efectivas para trasladar a los menores migrantes a otras regiones de España, aliviando así la presión sobre Canarias. Esta iniciativa no solo busca mejorar las condiciones de vida de estos niños y adolescentes, sino también garantizar que se respeten sus derechos fundamentales en todo momento.
En conclusión, la crisis migratoria en Canarias representa un desafío humanitario urgente que requiere respuestas coordinadas y efectivas a nivel nacional y europeo. La atención inmediata a las necesidades de los menores migrantes, junto con medidas a largo plazo para fortalecer el sistema de protección y acogida, son fundamentales para abordar esta situación con humanidad y eficacia.
