La acción exterior de las Comunidades Autónomas en España es un tema que ha generado intensos debates y controversias a lo largo de los años. Desde la perspectiva del Estado, es fundamental mantener un adecuado control y coordinación de estas actividades, especialmente en un contexto político complejo como el que se ha vivido en años recientes. Por otro lado, las Comunidades Autónomas reivindican su derecho a desarrollar una política exterior propia dentro de sus competencias.
En este escenario, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas se prepara para votar este martes una propuesta del PP para ‘reprobar’ a los responsables de Diplocat y a los líderes independentistas de la Generalitat por haber utilizado las llamadas ‘embajadas’ catalanas para favorecer el referéndum de secesión de 2017. Esta votación se produce tras la presentación del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las políticas de acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
Posiciones Políticas en Torno a la Regulación de la Acción Exterior
Propuesta del PP: Mayor Control y Coordinación con el Estado
El Partido Popular (PP) plantea en sus propuestas de resolución que la comisión mixta constate que las ‘embajadas’ catalanas dedicaron recursos públicos a impulsar el procés y conseguir apoyos para el mismo «de forma desleal con el Estado». Además, los ‘populares’ quieren emplazar a la Generalitat a ejercer las políticas de acción exterior bajo el principio de «lealtad institucional mutua» y en coordinación con el Estado, así como exigir el control de la actividad económico-financiera y «mecanismos de control interno» de estas entidades.
Posición de Vox: Cierre Inmediato de las Delegaciones Autonómicas
Por su parte, Vox aboga en sus propuestas por reclamar al Gobierno el «cierre inmediato» de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, dejar de sufragar con dinero público «actividades separatistas» y promover la asignación de recursos a fomentar la «unidad nacional y la convivencia pacífica entre españoles».
Propuesta del PSOE: Regular la Acción Exterior Autonómica
El PSOE, por su parte, quiere que el Gobierno, en el ejercicio de su función directiva de la política exterior, marque directrices para regular la acción exterior de las Comunidades Autónomas y sus ‘embajadas’, así como los procedimientos para hacer efectivas la competencia estatal de coordinación de esta acción en el exterior. Asimismo, el PSOE pretende que el Ejecutivo «establezca los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior, así como la participación autonómica en el control y valoración del ejercicio de esa función».
Posición de los Partidos Independentistas: Rechazo al Informe del Tribunal de Cuentas
Por su parte, ERC y Bildu dedican sus propuestas de resolución a pedir medidas para evitar que el Tribunal de Cuentas «invada competencias propias del Tribunal Constitucional» al someter a análisis de constitucionalidad la acción exterior de la Generalitat.
Estas formaciones independentistas denuncian que el informe del Tribunal de Cuentas no es «ni objetivo, ni imparcial, ni ponderado, ni equilibrado» y está «lleno de juicios de valor», y critican que las Cortes lo hayan debatido cuando hay instrucciones de procesos penales que tienen su origen en el mismo sin «respetar la presunción de inocencia». Además, defienden que el informe debería revisarse, «vista la inminente entrada en vigor de la Ley de Amnistía».
En resumen, la regulación de la acción exterior autonómica en España es un tema complejo y polarizado, donde el Estado busca mantener un mayor control y coordinación, mientras las Comunidades Autónomas, especialmente las de corte independentista, reivindican su autonomía y cuestionan la validez de los informes que les son desfavorables. La resolución de este conflicto requerirá de un delicado equilibrio entre los diferentes intereses y sensibilidades políticas.
