La industria turística es un pilar fundamental de la economía española, generando millones de empleos y una importante contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, el rápido crecimiento del turismo, especialmente en ciertas regiones, ha planteado desafíos significativos en términos de sostenibilidad, asequibilidad de vivienda y preservación del medio ambiente. Este debate sobre la regulación del turismo ha adquirido una relevancia cada vez mayor en la agenda política española.
En el Pleno del Congreso de los Diputados, se ha rechazado una iniciativa de Podemos para establecer una moratoria a las viviendas turísticas, con el objetivo de no conceder nuevas licencias hasta el 1 de enero de 2028. Esta propuesta, que buscaba frenar la turistificación de algunas regiones, no logró el apoyo de partidos como el PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN, quienes votaron en contra. Por su parte, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, se mostró a favor, mientras que Junts, Bildu y ERC se abstuvieron.
LA PROPUESTA DE PODEMOS: REVERTIR EL «MODELO FALLIDO» DEL TURISMO DE MASAS
La diputada de Podemos, Noemí Santana, defendió el paquete de medidas propuestas por su partido, con el objetivo de revertir lo que consideran un «modelo fallido» del turismo de masas. Según Santana, este modelo ha generado «paro, pobreza, precariedad laboral y dificultades para que las familias puedan acceder a una vivienda digna.
El PSOE, si bien reconoció la filosofía de las propuestas, argumentó que su apuesta es avanzar hacia un sector turístico más sostenible con el medio ambiente, sin caer en la «turismofobia«. Por otro lado, el PNV y ERC cuestionaron que la iniciativa no tuviera en cuenta la jurisdicción europea y no respetara las competencias autonómicas.
LAS VOCES DE LA OPOSICIÓN: ENTRE LA DEFENSA Y LA PREOCUPACIÓN
Tanto Vox como el PP alegaron que la moción suponía un ataque y una criminalización al sector turístico, que consideran uno de los principales motores de la economía española. Según datos presentados, el sector aportó al PIB español 187.000 millones de euros en 2023, y en algunas ciudades como Mallorca representa el 45% de la economía y el 35% del empleo.
Sin embargo, la preocupación por los efectos negativos del turismo de masas también se hizo presente en el debate. La diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, criticó que la iniciativa no tuviera en cuenta la jurisdicción europea y no respetara las competencias autonómicas en materia de regulación turística.
UN EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
El debate sobre la regulación del turismo en España refleja la complejidad del desafío al que se enfrenta el país. Por un lado, la industria turística es un pilar fundamental de la economía, generando empleos y riqueza. Por otro, el crecimiento descontrolado del turismo de masas ha generado problemas de asequibilidad de vivienda, presión medioambiental y precarización laboral en algunas regiones.
Para encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad, será crucial que los distintos actores políticos, sociales y empresariales trabajen de manera colaborativa. Esto requerirá políticas públicas que promuevan un turismo responsable, que respete el medio ambiente, garantice condiciones laborales dignas y facilite el acceso a la vivienda para la población local.
Además, será fundamental tener en cuenta las competencias y jurisdicciones de los diferentes niveles de gobierno, así como las particularidades de cada región, para diseñar soluciones adaptadas a las necesidades y realidades específicas de cada territorio.
En resumen, el debate sobre la regulación del turismo en España es un tema complejo y de gran relevancia, que implica equilibrar los intereses económicos, sociales y medioambientales. Solo a través de un diálogo abierto y soluciones integrales se podrá encontrar un camino que permita a la industria turística seguir siendo un motor de crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo que se preserva la calidad de vida de los residentes y se cuida el entorno natural.
