La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto envuelta en una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta causa, que inicialmente involucraba a varios bloques de hechos, se ha visto afectada por la decisión de la Fiscalía Europea de asumir parte de la misma.
En este contexto, la defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva. La razón principal es que, en su respuesta a la petición de Begoña Gómez de conocer qué hechos mantiene en la causa, el juez no habría aclarado el asunto de manera satisfactoria.
La Inhibición del Juzgado y la Fiscalía Europea
Camacho recuerda en su escrito que la Audiencia Provincial de Madrid indicó en su auto de respuesta a la Fiscalía, que solicitaba el archivo de las actuaciones, que solo existía una base probatoria suficiente para investigar los hechos relativos a la adjudicación de los contratos por parte de Red.es.
Poco tiempo después, el juez Peinado se inhibió en favor de la Fiscalía Europea en relación a los hechos «relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley». Sin embargo, Peinado añadió a esta frase la siguiente aclaración: «Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de infracciones penales y en las que se vieran afectados fondos europeos».
La Falta de Claridad en la Resolución del Juez
Según Camacho, la redacción de la parte dispositiva de la resolución del juez «no es clara», lo que genera dudas sobre los hechos que permanecen en la investigación a cargo del juzgado. El abogado sostiene que «todo apunta a que la inhibición se produjo con relación a aquellos contratos que por la Audiencia Provincial se estimó que existían elementos indiciarios suficientes para iniciar una investigación».
En este sentido, Camacho afirma que la providencia emitida por el juez Peinado esta semana «para nada aclara un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación». Esta falta de claridad, según el abogado, «afecta gravemente los derechos» de su representada, Begoña Gómez.
Camacho explica que la providencia del juez da a entender que «está investigando aquellos bloques que la Audiencia Provincial de Madrid estimó que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación». Sin embargo, tampoco lo dice con claridad, lo que, sumado a la dificultad de comprender el objeto de la investigación a través de la lectura de las actuaciones, hace «imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación en la presente causa».
En conclusión, la defensa de Begoña Gómez considera que la falta de claridad en la resolución del juez Peinado vulnera los derechos de su representada, lo que podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de la investigación.
