El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley del PSOE para que los funcionarios que trabajan en las prisiones españolas sean considerados agentes de la autoridad. Esta iniciativa, que se ha convertido en una vieja reivindicación de este colectivo, se ha intensificado tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona).
La ley busca garantizar la seguridad jurídica y la protección de los funcionarios penitenciarios
Con esta reforma legal, los socialistas proponen modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para dejar claro que los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, tienen «a todos los efectos legales» el carácter de Agentes de la Autoridad. Esta condición podrá ser identificada por su número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional.
Según explican los socialistas, este cambio busca «dar respuesta» a las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. Al ser declarados agentes de la autoridad, se busca:
- Otorgar seguridad jurídica al trabajo que realizan.
- Evitar que se dicten decisiones judiciales dispares.
Amplia protección y reconocimiento en caso de agresión o sentencia condenatoria
La proposición de ley no solo busca reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, sino que también amplía la protección que reciben ante posibles agresiones y situaciones de riesgo en el desempeño de su trabajo.
- Los informes emitidos por los funcionarios penitenciarios que hubiesen presenciado los hechos «constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles». Esto significa que los informes de los funcionarios tendrán un peso considerable en los procedimientos disciplinarios sancionadores.
- Los funcionarios de prisiones que ingresen en prisión por una sentencia condenatoria serán separados de otro tipo de internos. Esto busca garantizar su seguridad dentro del sistema penitenciario, diferenciándolos de los internos que no son funcionarios.
- La Administración indemnizará a los funcionarios de prisiones que sufran daños materiales o personales como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre y cuando no se haya producido una negligencia grave.
Un debate recurrente con un objetivo compartido: garantizar la seguridad en las prisiones
Esta no es la primera vez que una ley de este tipo se debate en el Pleno del Congreso. En marzo de 2022, el grueso de los grupos parlamentarios ya respaldó la tramitación de una propuesta similar de los socialistas, pero la reforma decayó con la disolución de las Cortes.
Tanto el PP como Vox tienen también registradas en la Cámara Baja sus propias proposiciones de ley para reconocer «a todos los efectos legales» la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios penitenciarios. Es previsible que la toma en consideración de estas propuestas salga adelante, demostrando un consenso generalizado en torno a la necesidad de garantizar la seguridad en las prisiones y proteger a los funcionarios que trabajan en ellas.
La aprobación de esta ley supondría un paso importante para la seguridad del sistema penitenciario español y para el reconocimiento de la labor fundamental que realizan los funcionarios de prisiones.
