En la Comunidad Valenciana, la gestión del litoral ha sido un tema de gran relevancia y debate durante años. Frente a las necesidades de desarrollo económico y turístico, surge la imperiosa necesidad de proteger los valiosos recursos naturales de la costa. Es en este contexto que la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha propuesto la elaboración de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una iniciativa que busca equilibrar estos intereses contrapuestos.
La Consejera Salomé Pradas ha defendido que esta nueva ley «permitirá compatibilizar al máximo la protección ambiental y los usos económicos del litoral», regulando las «actividades económicas sostenibles» que puedan llevarse a cabo, al tiempo que se protegerá «firmemente los valores naturales y la costa, garantizando tanto la «seguridad jurídica de los propietarios como el desarrollo económico«.
La Necesidad de una Ley Autonómica de Costas
La realidad de la costa valenciana no ha sido adecuadamente atendida desde el Gobierno central, según la Consejera Pradas. Los ayuntamientos tampoco reciben la atención que merecen, debido a que el Ejecutivo nacional «se ha dedicado a ejecutar políticas sin tener en cuenta la realidad de la costa«.
Para remediar esta situación, la Generalitat Valenciana ha proyectado y presupuestado desde 2011 un total de 61 actuaciones de protección y regeneración costeras, concentradas entre Castellón y Sagunto, y entre Valencia y Dénia. Sin embargo, solo se han completado las obras en Nules, Almenara, el Saler y Les Deveses de Dénia.
Además, la Consejera ha criticado los deslindes de dominio público marítimo-terrestre que se realizan «sin el consenso de los vecinos«, como el último llevado a cabo en Tavernes de la Valldigna, donde se utilizó «un reglamento que ya ha sido tumbado en los tribunales.
La Ley Autonómica como Solución Integral
Ante este panorama, la Consejera Pradas ha defendido que la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana es «necesaria» porque «debe ser la Generalitat la que tome las decisiones en el marco de sus competencias en ordenación territorial, con respeto absoluto al dominio público marítimo-terrestre que es responsabilidad del Gobierno».
Con esta nueva ley, «será la Generalitat la que decida sobre todas las autorizaciones y concesiones en la costa» para proteger al máximo los núcleos costeros tradicionales, dándoles el «valor etnográfico que tienen» y facilitando canales para que los afectados por los deslindes de dominio público tengan alternativas que puedan minorar los efectos que causan.
En resumen, la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana se presenta como una solución integral que busca armonizar el desarrollo económico y la preservación ambiental del litoral de la Comunidad Valenciana, otorgando a la Generalitat un mayor protagonismo en la toma de decisiones sobre su propio territorio costero.
