La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un tema candente en la escena política española. El Partido Popular (PP) ha manifestado su voluntad de retomar las negociaciones con el Gobierno, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre los nuevos vocales que conformarán este órgano. Esta posición se produce en un contexto en el que la Unión Europea se ha ofrecido a mediar entre las partes, siempre que se le presenten nuevas propuestas sobre las que trabajar.
Oferta del PP y Chantajes del Gobierno
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha sido claro en sus declaraciones: su partido «no sucumbe ante chantajes», incluyendo los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha amenazado con cambiar la ley para prohibir al CGPJ nombrar magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores si el PP no se aviene a pactar nuevos vocales antes de finales de mes. Sémper ha recordado que ya existe «una negociación en marcha que se puso en ‘stand-by’ por las elecciones europeas», y que su partido quiere seguir en esa mesa de conversaciones, con el respaldo de la propia Comisión Europea.
Según Sémper, ese marco «tenía un recorrido claro» y el PP sigue pensando que «puede llegar a buen puerto». Sin embargo, el portavoz ‘popular’ ha advertido que no se puede aceptar «el intento por parte del Gobierno de controlar la acción de los jueces», algo que considera «incompatible con un proceso de renovación del CGPJ». En este sentido, ha insistido en que el nombramiento de nuevos vocales debe ir acompañado «necesariamente» de «garantías de independencia del órgano de gobierno de los jueces», una premisa que, según Sémper, también comparte la Unión Europea.
Choque entre Fiscales y Rebelión ante la «Amnistía» a la Malversación
Además de la renovación del CGPJ, Sémper también ha abordado el choque entre los fiscales del Tribunal Supremo que se encargaron de la causa del ‘procés’ y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En este contexto, el portavoz ‘popular’ considera «razonable» que los representantes del ministerio público «se rebelen» ante la amnistía a la malversación, algo que considera «corrupción».
Para Sémper, «lo que es desproporcionado y descabellado es la actitud del fiscal general del Estado», que ha acumulado varios «varapalos», como la anulación del nombramiento de su antecesora y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El portavoz del PP cree que García Ortiz «está desacreditando la Fiscalía General del Estado» y le insta a «actuar con talla de Estado y no mandatado por Pedro Sánchez».
En definitiva, la renovación del CGPJ y el choque entre los fiscales del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado son temas que siguen generando un intenso debate político en España, con posturas encontradas entre el Gobierno y la oposición.
