La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha anunciado que reclamará en el próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil la entrega de toda la documentación relacionada con el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. Este trágico suceso tuvo lugar en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero cuando los guardias civiles fueron arrollados por una narcolancha mientras intentaban identificar la embarcación en el puerto.
Jucil también exige explicaciones sobre por qué, dos meses después de anunciar que la información estaría a disposición de una Comisión de Riesgos Laborales, aún no se ha iniciado la revisión del incidente. La asociación recuerda que ya solicitó la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al considerarlos responsables de la cadena de errores que llevaron a la trágica situación.
Jucil Denuncia la Investigación por Homicidio Imprudente y Exige Seguridad para los Guardias Civiles
Jucil ha denunciado ante el juzgado la investigación por homicidio imprudente del general jefe del Área de Andalucía, Luis Ortega Carmona, y del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco. La asociación considera que el asesinato de sus compañeros no puede quedar sin una investigación exhaustiva que identifique a los responsables directos e indirectos.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha destacado que los guardias civiles merecen trabajar en condiciones de seguridad y con el respaldo adecuado de sus superiores. Vilariño ha enfatizado la necesidad de medidas inmediatas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
Jucil Insta a la Transparencia y Solicita el Uso de Cámaras Unipersonales
Jucil ha reiterado su demanda de transparencia y responsabilidad en el caso, instando a la Administración a cumplir con su promesa de revisar el incidente a través de la Comisión de Riesgos Laborales y a tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los guardias civiles.
La asociación también solicitará en el pleno del Consejo de la Guardia Civil la autorización para el uso de cámaras de grabación unipersonales por parte de todos los guardias civiles en sus intervenciones. Esta petición, que se presentará fuera del orden del día, busca proporcionar una capa adicional de protección jurídica para los agentes en el ejercicio de sus funciones. Vilariño ha destacado que estas cámaras son una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de las funciones policiales y que su uso puede servir como evidencia objetiva en situaciones conflictivas.
