La autopista del Atlántico, AP-9, ha sido objeto de debate en el Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno a impulsar la transferencia de la autopista a Galicia y a suprimir los peajes. La iniciativa, que ha sido pactada por el PP y el BNG, ha sido respaldada por una amplia mayoría de partidos, incluyendo Sumar, ERC y Bildu.
El Congreso ha dado un paso importante hacia la eliminación de los peajes en la AP-9, una demanda histórica de la sociedad gallega. La iniciativa aborda un tema de gran relevancia para la economía y la movilidad de la región, pues la AP-9 es un eje fundamental para la conexión de Galicia con el resto de España.
Anulación de la Prórroga y Gestión Directa de la Autopista
La iniciativa aprobada por el Congreso insta al Gobierno a anular la prórroga de 25 años que se otorgó a la concesionaria Audasa, y a asumir la gestión directa de la autopista. Esta medida busca revertir la prórroga que la Comisión Europea considera ilegal, y garantizar la libre circulación de los ciudadanos sin la necesidad de pagar peajes.
La propuesta también contempla la suprisión de los peajes en la AP-9, lo que supondría un beneficio directo para los usuarios de la autopista. La eliminación de los peajes podría incentivar el tráfico de mercancías y personas, dinamizando la economía gallega y favoreciendo la competitividad de la región.
La gestión directa de la AP-9 por parte del Estado permitiría al Gobierno controlar la inversión en la infraestructura y garantizar la seguridad y el mantenimiento de la autopista. Esta medida también permitiría al Gobierno establecer una política de tarifas más justa y transparente, eliminando los elevados costes que los usuarios de la AP-9 han tenido que soportar durante años.
Transferencia de la Autopista a Galicia
La iniciativa aprobada por el Congreso también incluye la transferencia de la AP-9 a la comunidad autónoma de Galicia. La transferencia de la autopista permitiría a la Xunta de Galicia gestionar la infraestructura y tomar decisiones sobre su uso y mantenimiento.
La Xunta de Galicia tendría la posibilidad de invertir en la mejora de la AP-9 y adaptarla a las necesidades de la región. La transferencia también permitiría a la Xunta establecer una política de tarifas más adecuada a las necesidades de los usuarios gallegos.
La transferencia de la AP-9 a Galicia representa un paso adelante en el camino hacia la descentralización y el autogobierno. La gestión de la autopista por parte de la Xunta de Galicia podría contribuir a la autonomía y al desarrollo económico de la región.
La iniciativa aprobada por el Congreso no solo representa un paso adelante en la lucha contra los peajes en la AP-9, sino que también es una muestra del compromiso del Gobierno con la mejora de las infraestructuras en Galicia. El Gobierno se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia y contribuir a la prosperidad de la región.
