El abogado Tomás González Cueto, investigado por posibles irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales, ha presentado un escrito a la jueza Delia Rodrigo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, en el que expone su defensa. En este documento, González Cueto, quien también ejerció como Comisionado de Control Externo de la RFEF, niega haber facturado por partida doble a la federación por sus labores de asesoramiento legal.

El abogado asegura que el trabajo de su despacho GC Legal era completamente independiente de su función como comisionado y que la relación contractual entre su despacho y la RFEF se remonta a mayo de 2018, cuando se firmó un contrato de arrendamiento de servicios profesionales.

El Despacho GC Legal y sus Servicios para la RFEF

El despacho GC Legal de González Cueto ha estado involucrado en numerosos asuntos para la RFEF durante los seis años de relación contractual. Estos asuntos abarcan áreas de asesoramiento legal y litigios procesales, con un enfoque en temas complejos y sofisticados.

González Cueto destaca que las funciones de su despacho no se superponían con las de la Asesoría Jurídica de la RFEF. GC Legal se centraba en temas legales y procesales externos, sin intervenir en cuestiones deportivas o en la gestión ordinaria de la federación, responsabilidades que correspondían a la Asesoría Jurídica.

Además, el despacho de González Cueto no fue el único que la federación contrató para servicios legales. Se subcontrató a «numerosos despachos de abogados» para diversas tareas de asesoramiento jurídico y litigios, en las que González Cueto y su despacho no participaron.

El Rol de González Cueto como Comisionado de Control Externo

González Cueto también desempeñó el papel de Comisionado Externo de la RFEF, una función que, según él, buscaba reforzar la transparencia de la federación y desarrollar un sistema de compliance officer. Durante su período como comisionado, desde 2019 hasta 2024, emitió un total de 889 informes.

González Cueto afirma que su salario como comisionado, aproximadamente 240.000 euros anuales, estaba en línea con otros cargos de la RFEF. Respecto a la labor de GC Legal, el escrito señala que la dedicación del despacho fue tal que «llegaron a emplearse hasta 11 abogados simultáneamente» para cubrir los servicios profesionales. Los salarios de estos socios y asociados de GC Legal eran retribuidos por la propia empresa.

González Cueto resalta que la mayoría de los procedimientos judiciales llevados por GC Legal para la RFEF fueron como parte pasiva, es decir, como demandados o querellados. Los servicios legales de GC Legal se facturaban de forma independiente, mediante facturas mensuales, a raíz de que la Federación comenzó a ser demandada con frecuencia.

El Caso de la Supercopa de España en Arabia Saudí

El escrito de la defensa también aborda la participación de GC Legal en el asesoramiento para la firma del contrato que permitió celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El despacho intervino en la redacción de los contratos entre la RFEF y SELA, una empresa pública saudí, dado que la federación no contaba con expertos en contratación internacional. GC Legal, a través de la socia Raquel Serrano, asistió en la confección de la documentación contractual, plasmando las condiciones acordadas por las partes.

González Cueto asegura que su labor fue exclusivamente técnica y que estuvo informado en el día a día del proceso sin detectar ninguna irregularidad. Además, se solicitó un informe al compliance officer de la RFEF, Javier Puyol Montero, quien corroboró la legalidad jurídica y económica del contrato con SELA.

El informe de Puyol Montero también destacaba que no existía ni el cobro ni el pago de comisiones por parte de la RFEF en el contrato con SELA, ni tampoco a favor de la empresa Kosmos Global Holding S.L., propiedad del exfutbolista Gerard Piqué.

La defensa de González Cueto recuerda que el Comité de Ética de la RFEF emitió un informe favorable sobre la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, calificando las condiciones técnicas y económicas del contrato como «ajustadas a derecho y a los condicionamientos éticos».