El Congreso de los Diputados se prepara para votar la toma en consideración de una proposición de ley que podría cambiar el futuro de la AP-9. Este martes, 11 de junio, la Cámara Baja debatirá la transferencia a Galicia de la autopista de peaje, una infraestructura vital que vertebra el eje atlántico de la comunidad.
Un nuevo intento para la transferencia de la AP-9
Esta sería la cuarta vez en los últimos ocho años que el Parlamento gallego, con el apoyo unánime de todos los partidos, busca el traspaso de la AP-9 a la administración autonómica. Las anteriores iniciativas, presentadas en 2016, 2017 y 2018, no prosperaron en las Cortes Generales.
En esta ocasión, la proposición de ley impulsada por el Partido Popular de Galicia, liderado por Alfonso Rueda, cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, lo que aumenta las posibilidades de éxito.
Apoyo político con reticencias
La delegación parlamentaria gallega, compuesta por representantes del PPdeG, BNG y PSdeG, acudirá al Congreso para defender la propuesta. El PSdeG, a través de su portavoz José Ramón Gómez Besteiro, ha confirmado su apoyo a la toma en consideración de la ley, si bien el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha moderado las expectativas, señalando que la transferencia «no es sencilla». A pesar de ello, se ha comprometido a mantener las bonificaciones existentes en la autopista.
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, también votará a favor de la transferencia, una demanda histórica de su formación. El BNG va más allá y aboga por la anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048, la asunción de la gestión directa de la infraestructura por parte del Estado y la eliminación de los peajes.
Argumentos para la transferencia
El Parlamento gallego argumenta que la AP-9 es una infraestructura crucial para Galicia, ya que por ella circula el 65% de la población. Los peajes, según argumentan, suponen una «penalización» para los ciudadanos y empresas gallegas, agravada por las modificaciones del convenio entre el Estado y Audasa, la actual concesionaria.
La proposición de ley también incluye una solicitud para que sea la Administración General del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas derivadas de la anulación de la prórroga de la concesión a Audasa.
Un debate vigente con implicaciones económicas
La transferencia de la AP-9 es un tema complejo con importantes implicaciones económicas. La posible anulación de la prórroga de la concesión a Audasa, actualmente en estudio por la justicia europea, añade un factor de incertidumbre.
El debate en el Congreso se presenta crucial para el futuro de esta infraestructura vital para Galicia. La decisión que se tome tendrá un impacto significativo en la economía y la movilidad de la región.
