La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha reducido a dos años de prisión la petición de pena para el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, inicialmente solicitando diez años y nueve meses en el marco del caso ‘Astapa’, relacionado con la corrupción política y urbanística en la localidad. La acusación se mantiene para 37 procesados en total.
Reducción de la Petición de Pena
El escrito de acusación definitivo, presentado ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, abarca el periodo investigado de 2003 a 2008. Tras dieciséis años de investigación, el juicio, que comenzó en enero de 2023, incluye a casi 50 acusados, entre ellos Barrientos. En principio, la Fiscalía había solicitado para él una pena de diez años y nueve meses de prisión, junto con una inhabilitación para empleo público por 38 años y una multa por delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Conclusiones Definitivas
En las conclusiones definitivas, que serán expuestas en la próxima semana y a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal mantiene las acusaciones contra Barrientos por delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho y prevaricación. Sin embargo, se ha reducido considerablemente la petición de pena a un total de dos años de cárcel y nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público.
Atenuación de la Pena por Dilaciones Indebidas
La acusación pública destaca que el procedimiento ha sufrido «dilaciones indebidas extraordinarias», instando a que se aplique esta circunstancia atenuante de manera muy cualificada, lo que ha llevado a la rebaja de la pena en dos grados. Además, se retira toda petición de indemnización, dado que el Ayuntamiento de Estepona se ha apartado como acusación, reservándose la posibilidad de ejercer acciones civiles en un futuro.
Acusaciones Contra Otros Procesados
En el caso ‘Astapa’, que investiga corrupción política y urbanística, también están procesados otros exresponsables municipales, incluyendo miembros del PSOE y del Partido de Estepona, así como empresarios y funcionarios. La Fiscalía Anticorrupción, en sus conclusiones definitivas, ha solicitado la absolución de nueve personas y ha reducido las penas para el resto de los acusados. Las sanciones buscan equilibrar el castigo con la duración del proceso y las pruebas disponibles.
Para los demás acusados, las penas oscilan entre multas y hasta dos años y medio de cárcel. El exedil de Hacienda y el exjefe del Gabinete de Alcaldía, que llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, enfrentan las penas más altas dentro de este grupo. Las multas solicitadas han sido igualmente reducidas de manera significativa; en el caso del exalcalde Barrientos, de un millón de euros a 40.000 euros.
Fundamentos de la Acusación
La Fiscalía Anticorrupción sostiene desde el principio que los acusados, a través de sus cargos, realizaron actos «orientados a obtener fondos de promotores y empresarios» para financiar actividades de partidos políticos y, presuntamente, para beneficio personal. La acusación pública argumenta la existencia de una «Caja B» con aportaciones de promotores inmobiliarios, destinadas a evitar controles y a favorecer a ciertos empresarios mediante convenios urbanísticos irregulares.
Retos en la Prueba de Delitos
El escrito definitivo de la Fiscalía mantiene este relato inicial, aunque matiza que no se ha demostrado la ilicitud en todos los convenios y aportaciones empresariales a eventos deportivos o musicales. Asimismo, señala que no se pudieron probar ciertos regalos o promesas económicas debido a la nulidad de escuchas telefónicas, aprobada tras las cuestiones previas presentadas por las defensas de los acusados. Esta situación ha dificultado probar algunas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares.
El caso ‘Astapa’ refleja la complejidad de juzgar hechos de corrupción que involucran múltiples actores y un extenso periodo de tiempo. La reducción de la pena solicitada para Antonio Barrientos y la revisión de las acusaciones contra otros procesados subraya la importancia de la diligencia procesal y el impacto de las dilaciones en el sistema judicial. Este juicio es crucial para establecer precedentes y asegurar la rendición de cuentas en la gestión pública.
