El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mantenido una reunión extraordinaria para analizar las declaraciones de altos cargos del Gobierno que, según algunos vocales, podrían afectar a la independencia judicial. Esta reunión, solicitada por el vocal José Antonio Ballestero, se produce tras la polémica surgida a raíz de la citación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en plena campaña electoral para las elecciones europeas.
La carta de Sánchez y la respuesta del juez
El origen de la controversia se encuentra en una carta dirigida a la ciudadanía por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que criticaba la decisión del juez de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de citar a declarar a su esposa como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En dicha carta, Sánchez dejaba entrever que la decisión judicial podría responder a una intencionalidad política, al producirse en un momento especialmente delicado, como es la campaña electoral.
El magistrado, en respuesta a las críticas recibidas, emitió una providencia en la que defendía la legalidad de su decisión y negaba cualquier tipo de motivación política. El juez Peinado argumentó que no existe ninguna ley que le impida citar a declarar a una persona durante el periodo electoral, y que su decisión se basaba únicamente en criterios jurídicos.
Reacciones del Gobierno y análisis de la polémica
Las declaraciones del presidente Sánchez generaron una cascada de reacciones en el seno del Gobierno. Varios ministros se pronunciaron sobre la actuación del juez Peinado, algunos de ellos, como la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionaron la oportunidad de la decisión judicial y sugirieron que podría tratarse de una maniobra para influir en el resultado de las elecciones europeas.
Esta polémica pone de manifiesto, una vez más, la tensión existente entre el poder político y el judicial en España. Las declaraciones de algunos miembros del Ejecutivo, criticando la actuación de un juez, han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de presionar a la justicia y poner en duda su independencia.
Por otro lado, la decisión del juez Peinado de citar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno en plena campaña electoral también ha generado un intenso debate jurídico y social. Mientras algunos consideran que la justicia debe actuar con total independencia y sin atender a calendarios electorales, otros opinan que, en aras a la neutralidad y la imparcialidad, se debería haber esperado a la finalización del proceso electoral para tomar una decisión de tal envergadura.
En definitiva, la polémica suscitada a raíz de la citación judicial a Begoña Gómez ha reabierto el debate sobre la separación de poderes y la independencia judicial en España, un debate que, sin duda, seguirá generando controversia en los próximos meses.
