Irene Montero, cabeza de lista de Podemos en las pasadas elecciones europeas, criticó duramente la postura del Gobierno español frente al conflicto palestino-israelí, calificándola de «hipocresía terrible«.
Montero reprochó al entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que insinuara una condena al «genocidio» por parte de España al anunciar la adhesión a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel. Esta demanda, basada en la presunta violación de la Convención contra el Genocidio, se interpuso a raíz de la ofensiva militar israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamás en octubre de 2023.
Para Montero, la adhesión de España a la demanda, que ya estaba en curso desde diciembre de 2023, respondía a un intento de aparentar neutralidad ante un escenario de «genocidio» a pocos días de las elecciones. La líder de Podemos denunció que, con esta acción, el Gobierno buscaba simplemente «decir que somos neutrales entre las partes, entre los genocidas y el pueblo masacrado de Palestina«.
La postura de la Unión Europea
Montero recordó, además, las palabras del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, quien expresó su preocupación por la existencia de una «complicidad insoportable» entre Israel y Europa.
En este sentido, la líder de Podemos aseguró que la primera medida de su formación en el Parlamento Europeo sería «la defensa del fin del genocidio y de la paz» en la región.
El papel de España en el conflicto
La decisión de España de sumarse a la demanda contra Israel ante la CIJ, según explicó el propio Albares, se produjo como respuesta al incumplimiento por parte de Israel de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia. Estas medidas, destinadas a proteger a la población civil en el marco del conflicto, «se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse» por parte del gobierno israelí, según denunció el ministro.
La adhesión de España a la demanda, sin embargo, no implicaba una acusación directa contra Israel por genocidio, sino que buscaba que la CIJ se pronunciara sobre la legalidad de las acciones del Estado israelí en el marco del conflicto con Palestina.
Este posicionamiento de España generó un intenso debate en el seno de la sociedad española, dividida entre quienes apoyaban la decisión del Gobierno y quienes, como Irene Montero, la consideraban una muestra de tibieza ante un supuesto «genocidio«.
