En un importante develo judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar de forma definitiva la causa en la que se investigaban presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. La decisión se basa en el hecho de que no se ha podido demostrar la comisión de ningún delito.
En un auto reciente, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han confirmado el sobreseimiento provisional de la investigación, respaldando la decisión previa del juez Santiago Pedraz. Este fallo rechaza la necesidad de realizar nuevas diligencias, ya que, según los magistrados, no existen pruebas suficientes que justifiquen la perpetración de un delito.
Argumentos de las partes implicadas
La acusación, liderada por Cerquia Gestión, Cercupenta y el empresario Carlos Cercadillo, había solicitado al juez Pedraz la realización de nuevas diligencias para complementar la pericial realizada por los inspectores del Banco de España. Estos inspectores habían avalado la decisión de llevar a cabo la ampliación de capital, postulando que fue una «buena inversión independientemente de la rentabilidad para cada accionista».
Los querellantes alegaban que la información pública difundida sobre la ampliación de capital de 2012 contenía omisiones y datos sesgados para atraer capital de una manera que, de otra forma, no habría sido posible. Sostenían que se incumplieron los deberes de transparencia en el mercado de valores.
Resolución de la Sala de lo Penal
La Audiencia Nacional respalda al juez Pedraz y descarta las pretensiones de los recurrentes. Se desestima la petición de realizar nuevas investigaciones, argumentando que no existen indicios suficientes para demostrar una manipulación económica y contable por parte del Banco Popular.
El mismo juez Pedraz había dejado claro en su auto de sobreseimiento que no se podía concluir que hubiera habido manipulación en las cuentas del Banco Popular para distorsionar su situación financiera real. Además, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en que la ampliación de capital se llevó a cabo cumpliendo con la legislación vigente y los controles correspondientes.
Contexto económico y financiero
La Fiscalía Anticorrupción, en consonancia con el criterio del juez Pedraz, destacó que la ampliación de capital en 2012 se realizó dentro de un contexto de crisis económica global. En donde, además, se impusieron medidas estrictas en el sector bancario para hacer frente a la situación.
En el caso particular del Banco Popular, se consideró necesario obtener recursos propios adicionales, y la entidad optó por cumplir con estos requerimientos mediante una ampliación de capital en lugar de recurrir a la ayuda pública. Esta decisión se interpreta como una elección estratégica durante un momento crítico para el sistema financiero.
